Un robo de armas pone en jaque la paz con ETA

El robo de unas 350 pistolas de un almacén de armas en el sureste de Francia, un asalto atribuido al grupo armado vasco ETA, supone el golpe más duro que ha recibido hasta ahora el proceso de paz iniciado en España por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un proceso que podría estar incluso herido de muerte, según apuntaban hoy algunos comentaristas políticos.

Dada la gravedad de los hechos, el Ejecutivo se muestra cauto. Pero fuentes gubernamentales admiten que esta acción terrorista representaría una grave vulneración del alto el fuego «permanente» declarado por ETA el pasado 22 de marzo, al menos si fue ordenada por la cúpula de la organización y no por algún grupúsculo disidente opuesto al camino de la pacificación.

Esta última posibilidad, sin embargo, parece muy remota, considerando además que se trató de un asalto a todas luces minuciosamente planeado, también en cuanto al momento de su ejecución: en vísperas de una votación sobre el proceso de paz en el Parlamento Europeo de Estrasburgo y el mismo día en que la Justicia española confirmaba el procesamiento de la cúpula del ilegalizado partido Batasuna (Unidad), considerado el brazo político de ETA.

De lo que no cabe duda es de que este robo pone en serios aprietos al gobierno de Zapatero y ofrece munición a los que rechazan cualquier negociación con ETA, como el opositor Partido Popular (PP) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Estos cuentan ahora con un argumento más para alegar que todo este proceso es una farsa y acusar al Ejecutivo de plegarse al dictado del grupo armado. No resulta extraño, por lo tanto, que tras el asalto se multipliquen las voces que exigen suspender los contactos con ETA.

Los acuerdos que llevaron hace siete meses al cese el fuego incluían el compromiso del grupo armado de renunciar a «tareas de abastecimiento de armas y explosivos», según informó el diario vasco «Gara», cercano al independentismo radical.

Esta premisa ha sido claramente vulnerada con la acción perpetrada la madrugada del martes en Vauvert, una localidad cercana a Nimes, donde un comando formado por cuatro hombres y una mujer encapuchados tomó como rehenes a los familiares del dueño de la empresa armamentística luego asaltada.

No es sólo este «modus operandi» el que conduce a los investigadores al grupo armado vasco, lo es también el hecho de que los autores inmovilizaran a sus rehenes con esposas que otro comando etarra robó a dos gendarmes franceses en marzo pasado.

Descartada prácticamente la autoría de un grupo disidente de ETA, la pregunta es: ¿cuál fue el objetivo de este asalto? Una de las posibles respuestas es que el grupo armado, fiel a su trayectoria en las pasadas décadas, quiso dar un golpe de efecto en vísperas del debate en el Parlamento Europeo y demostrar que, lejos de estar acabado, tiene la fortaleza y la capacidad operativa suficientes para llevar a cabo acciones como las de Vauvert.

De hecho, de querer simplemente abastecerse con armas, ETA lo hubiese podido hacer de forma discreta en el mercado negro. Pero la organización eligió una acción que sabía le reportaría una gran notoriedad en los medios.

Además, las fuerzas de seguridad están convencidas de que ETA, que lleva tres años sin perpetrar atentados mortales, no dispone ni remotamente de suficientes terroristas para tal cantidad de armas.

En todo caso, el asalto parece formar parte de un pulso al gobierno de Zapatero, quien en junio anunció negociaciones con ETA. Hasta la fecha, sin embargo, las conversaciones no han comenzado y se supone que no lo harán hasta finales de año. Esto y la persecución judicial de Batasuna encolerizaron a la cúpula del grupo armado, que ya hace dos meses advirtió que el proceso estaba en crisis y que el alto el fuego era reversible.

El robo de armas en el sur de Francia es el punto culminante de ese pulso, marcado también por un rebrote de la violencia callejera en el País Vasco o los disparos al aire realizados por tres encapuchados durante un acto público en la localidad vasca de Oiartzun hace un mes.

Cabe ahora esperar la reacción del gobierno y también la de Batasuna, que hasta ahora no ha respondido a las demandas de condenar la violencia etarra y distanciarse del grupo armado para así poder optar a una legalización y participar en las elecciones municipales en siete meses.

JORGE VOGELSANGER

DPA