Un tribunal «duro» para el juicio oral por el atentado a la AMIA

BUENOS AIRES (DyN) – Un tribunal oral con fama de «duro», integrado por los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Carlos Andina Allende, sustanciará finalmente el juicio oral y público contra cuatro policías y un civil procesados como presuntos cómplices del atentado terrorista contra la mutual judía AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994.

Los tres camaristas son miembros del tribunal oral en lo Criminal Federal Nº 3 con sede en esta capital, que fue designado por sorteo para el proceso oral en el que será ventilado el caso AMIA, aunque sólo en lo atinente a la conexión local que prestó apoyo a la organización terrorista internacional que planificó y ejecutó la masacre.

El tribunal, que ahora deberá enjuiciar al ex comisario bonaerense Juan Ribelli, a otros tres policías y al reducidor de autos robados Carlos Telleldín, dictó en 1998 la condena a tres años de cárcel de cumplimiento efectivo contra tres skinheads que habían golpeado a un joven por creer que pertenecía a la colectividad judía.

El fiscal del caso AMIA será Miguel Romero y si éste comparte el criterio de sus colegas de instrucción Eamon Mullen y José Barbaccia podría pedir la pena máxima para Ribelli y Telleldín, y para los ex subcomisarios Raúl Ibarra e Irineo Leal y el ex oficial Mario Bareiro, que cumplen prisión preventiva como supuestos partícipes del atentado.

El tribunal oral 3 quedó a cargo del juicio en virtud de un sorteo efectuado por la Cámara Nacional de Casación Penal, que originalmente había enviado el expediente al tribunal oral 4, por conexidad. Es que el tribunal 4 sustanciará el juicio contra el grupo de carapintadas que, en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA, fue detenido en diciembre de 1995 por presunto acopio de explosivos que habrían sido robados de unidades del Ejército.

Si bien los carapintadas fueron detenidos por orden del juez Galeano, que instruye la causa por el atentado, no serán enjuiciados por su posible participación en la masacre sino por acopiar material explosivo. Ribelli, Ibarra, Leal, Bareiro y Telleldín cumplen prisión preventiva como supuestos partícipes necesarios del atentado y podrían ser condenados a la pena máxima, ya que afrontan cargos por su presunta responsabilidad en las 86 muertes que provocó el ataque. Los delitos, además, tienen el agravante de haber sido producto de «odio racial o religioso».

Para los fiscales Mullen y Barbaccia, existen pruebas para acreditar que «Ribelli supervisó y controló el retiro de la camioneta Trafic (que se utilizó como coche-bomba) desde el domicilio de Telleldín, utilizando para ello a su hombre de confianza, el subcomisario Ibarra, y a Leal», según consta en la acusación. La fiscalía sostiene que Ribelli y sus subordinados habrían suministrado a los autores directos del ataque la camioneta Renault Trafic, blanco Chapelco, que a las 9.53 del 18 de julio de 1994 impactó contra el edificio de la mutual judía.