Una agenda difícil de coordinar

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Hay demasiados problemas encadenados en la agenda política y económica del gobierno de Mauricio Macri para el próximo mes y medio, antes de ingresar al segundo semestre del año que sus principales funcionarios se empeñan en presentar como la “tierra prometida”, con inflación en descenso y aumento de la inversión pública y privada que, junto con el cierre de las paritarias pendientes, debería traducirse en cierto repunte de la actividad y el empleo.

Por lo pronto el oficialismo acaba de obtener, sobre la hora, un respiro con la controvertida ley antidespidos, tras el fracaso del peronismo para lograr quórum en Diputados y sancionarla tal como fue aprobada por el Senado. El giro táctico de Sergio Massa fue decisivo, más que nada para preservar su rol de árbitro en la Cámara baja sin alinearse con el FpV ni con Cambiemos. De todos modos, resultó funcional al objetivo del oficialismo que, como contrapartida, debió comprometerse a tratar el proyecto en el recinto este miércoles, en coincidencia con el anuncio de la suba del salario mínimo vital. Todo indica que la iniciativa tendrá varios cambios que obligarán a devolverla a la Cámara alta con mayoría opositora. La incógnita es cómo el Frente Renovador, que promete un “proyecto superador”, combinará la ayuda a las pymes para crear empleos con la prohibición de despidos y suspensiones así como la doble indemnización, que Macri está dispuesto a vetar. El diputado massista José Ignacio de Mendiguren (extitular de la UIA) sostuvo ambiguamente que “no puede ser que tengamos que elegir entre veto o doble indemnización”. De hecho, el presidente ya pagó por adelantado el costo político de haber anunciado el veto. Pero a la vez se anticipó a la movida de Massa con el paquete de medidas fiscales y financieras para las pymes, varias de las cuales (como la eliminación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, el cómputo del impuesto al cheque a cuenta de ganancias y desgravaciones a la inversión) también deberán pasar por el filtro del Congreso. Paralelamente, se apresta a mejorar la oferta de fondos coparticipables a las provincias, para reactivar obras de infraestructura frenadas por falta de pago y recuperar el apoyo de varios gobernadores.

El problema es que el costo fiscal de estas medidas no estaba previsto en el programa del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Y su impacto es evaluado por las empresas que tienen proyectos de inversión en carpeta. A mayor déficit fiscal, mayor será el endeudamiento del Tesoro, que reduce el margen para el crédito al sector privado. El propio Alfonso Prat Gay reconoció la semana pasada, en el congreso del IAEF, que como en el sector privado hay dudas sobre el futuro económico que condicionan la inversión, el Estado hará punta con la obra pública. Sobre todo porque la crisis en Brasil (donde el PBI caería cerca de 4%) restará no menos de un punto al crecimiento de la economía local, con mayor impacto en varios sectores; entre ellos, las economías regionales.

Sin embargo, el anuncio más resonante del ministro fue la confirmación oficial de que antes de enero se lanzará el blanqueo, que prefirió bautizar como régimen de regularización y exteriorización de capitales y ahorros no declarados que permanecen fuera del país o del circuito económico formal. Sólo anticipó que la filosofía es imponer una alícuota impositiva alta, a la vez que se prevé premiar a aquellos contribuyentes que están en regla, sin aportar mayores precisiones.

Este nuevo blanqueo fue justificado en que, a partir del 2017, la AFIP comenzará a compartir información sobre cuentas bancarias abiertas en distintos países que también dispondrán amnistías fiscales y será la “última oportunidad” para declararlas, a cambio del pago de una tasa que será más elevada si los fondos no fueran repatriados y un régimen de facilidades de pago. Las estimaciones extraoficiales para esta exteriorización son más que ambiciosas: van de 10.000 a 50.000 millones de dólares.

Pero las divisas que puedan ingresar se convertirían en un problema extra para el Banco Central. Por un lado, actualmente hace malabarismos para mantener una tasa de interés alta en pesos (37,5% anual) y moderar las presiones inflacionarias, a costa de deprimir el crédito, el consumo y la actividad económica. Por otro, tanto el ingreso de dólares de los exportadores de soja como de capitales externos para aprovechar esas tasas y hacer diferencias con compras de dólares a futuro empuja hacia abajo el tipo de cambio oficial (aquí vale un comentario al margen: esta operatoria entre privados tiene poco que ver con la que fue procesada y embargada Cristina Kirchner, ya que en el 2015 el BCRA fue el único vendedor –en pesos a futuro– de dólares que no tenía y a precios mucho más bajos que la cotización libre en plazas externas). En la última semana el dólar mayorista cerró apenas por encima de los 14 pesos, y si bien el BCRA afirma que su prioridad es bajar la inflación y dejarlo flotar, intervino en el mercado con la compra de casi 400 millones para sostenerlo.

En los próximos meses, esta presión bajista se acentuaría con la colocación de deuda externa por parte de las provincias. Neuquén ya hizo punta con 235 millones de dólares, seguida por Mendoza con 500 millones, mientras Buenos Aires prepara su segunda emisión y en lista de espera se encuentran la Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chubut y otras que, en total, sumarían unos 4.500 millones.

Aunque el BCRA eliminó todas las restricciones a la demanda de divisas y habilitó a los exportadores a liquidarlas a un año de plazo, el dólar planchado hace perder competitividad externa a la producción exportable. Máxime cuando mayo y junio serán meses duros en materia de inflación (aunque por debajo del récord de 6,5% en abril) y el tipo de cambio real sufre un deterioro sólo compensado por la apreciación del real brasileño en los meses previos a la suspensión en el cargo de Dilma Rousseff. La apuesta de Federico Sturzenegger es que para septiembre la inflación se reduzca al 1,5% mensual, mientras que para fin de diciembre las consultoras privadas prevén un dólar de $ 16,5/17. Pero esas proyecciones ya ingresan a la zona de “tierra prometida”.

Apuntes para la semana

El ministro confirmó que antes de enero se lanzará el blanqueo. La filosofía –dijo– es imponer una alícuota impositiva alta y premiar a aquellos que están en regla.

El Central hace malabarismos para mantener una tasa de interés alta en pesos y moderar las presiones inflacionarias, a costa de deprimir el crédito, el consumo y la actividad.