“Una confrontación social innecesaria”




Eugenia Gartner

Ciarlo advirtió sobre las consecuencias del conflicto.

EL BOLSÓN (AEB)- Francisco Ciarlo, directivo del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Río Negro (zona Andina), advirtió ayer que “la judicialización del conflicto por el acceso al lago Escondido nos está llevando a una confrontación social innecesaria, a un daño ambiental de características imprevisibles y a la pérdida de recursos económicos e inversiones ante la ausencia de seguridad jurídica para las mismas”. A su criterio, “tal cual están planteadas las cosas, ninguna de las partes posee fundamentos suficientes para defender sus posiciones,”. Amplió que “ni la empresa Hidden Lake podrá prohibir el acceso a un bien de dominio público, ni del otro lado podrán declarar una zona liberada de libre acceso. Todos los recursos naturales deben poseer la posibilidad del disfrute y usufructo para todos”. Después de recordar las leyes en vigencia, pidió “una posible solución que resguarde nuestro recurso natural” y aseguró que “el libre uso” se encuentra prohibido en tanto no respete lo que se denomina ‘carga admisible’, es decir, la intensidad de uso que será posible realizar en un determinado territorio sin que se alteren sus condiciones naturales”. Desde la óptica de Ciarlo, se llegó a esta situación “por desconocimiento y por la ausencia de un Estado que debió ejercer su autoridad, obligando a las partes a determinar un acceso viable, posible y cierto que no resulte del antojo de un privado pero tampoco que promueva la destrucción de un recurso a través de su libre uso”. Como solución, “le corresponde al gobierno la obligación de tomar la decisión política de resolver el conflicto en el marco de la ley y, a través del CODEMA, la responsabilidad de convocar a las partes y establecer las condiciones para un acceso regulado y condicionado a la estricta preservación del patrimonio”. Según el profesional, la administración de un acceso sustentable “deberá estar bajo la administración de la autoridad ambiental, fiscalizada o auditada por una institución de prestigio o universidad y una comisión legislativa que garantice el derecho de las partes”. Impulsó “un estudio ambiental -aplicando los principios preventivo y precautorio-, deberá determinar la carga posible del sistema”.


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