Una consultora radiografió las cárceles neuquinas

El gobierno contrató en el 2002, por 28.000 dólares, la elaboración de un diagnóstico del sistema carcelario provincial. El estudio es la base del proyecto para modificar el servicio.



NEUQUEN (AN).- El diputado de Recrear, Eduardo Mestre, afirmó que el gobierno provincial contrató en 2002 a la consultora Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) y le pagó alrededor de 28.000 dólares por un informe que incluía las condiciones de detención en cárceles, alcaídas y comisarías de Neuquén. Dijo que ese documento, que se oficializó en abril de 2003, fue la base de un borrador con la propuesta para crear el servicio penitenciario provincial. Sin embargo, esa documentación duerme en los despachos de la Subsecretaría de Seguridad, porque Neuquén sigue sin el marco normativo para revertir la crisis penitenciaria.

Mestre dijo que el informe, conocido como “Coordinación para la creación del servicio integral de ejecución penal en la provincia”, tiene 111 páginas que advierten sobre la situación judicial y de encierro en la que se encontraban en ese momento 126 internos. Comentó que en el borrador del proyecto de ley, que cuenta con 60 artículos, trabajaron “gente del Poder Ejecutivo, Legislativo y el comisario Hugo Rosas”. Justamente Rosas fue designado interventor en la U-11 tras las denuncias que la Fiscalía reveló días atrás por torturas contra internos de esa unidad de detención por parte de efectivos policiales.

Mestre puntualizó que a pesar de que el Ejecutivo contaba con las herramientas, “nunca mandó una proyecto de ley a la Legislatura para crear el servicio”.

Para el legislador el problema se ha agravado. Recordó que en 1993 “teníamos 205 internos”, y hoy hay 637, según datos oficiales aportados por fuentes policiales. Atribuyó esa situación a diferentes causales entre las que consignó la falta de respeto a la ley y a las normas de convivencia en todos los niveles sociales. (ver aparte)

La contratación de la consultora figura en el informe de gestión de 2003 que el gobernador Jorge Sobisch presentó a la Legislatura el 1 de mayo pasado, pero no hay datos sobre el costo que pagó la provincia. Es más, está mencionada como actividades fuera de programación.

“Río Negro” intentó contactarse con el subsecretario de Seguridad, Omar Raimondo, que responde en forma directa al ministro Luis Manganaro, para conocer su opinión sobre el tema, pero no respondió los mensajes. Aunque Raimondo adelantó ayer en el programa Sinpelos que en 90 días presentarían una propuesta de ley para crear el servicio penitenciario en Neuquén.

A todo esto, la ex subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Justicia, hoy diputada nacional del MPN, Alicia Comelli, admitió la existencia del informe de la consultora y de la propuesta que elaboró personal policial y especialistas para crear el servicio. Aseguró que no recordaba el monto de la contratación, aunque indicó que “no creo que esté en dólares”. Y consignó que “se hizo a través del CFI (Consejo Federal de Inversiones)”.

El jefe de la Policía, Walter Cofré, reconoció que urge el marco legal “porque el personal policial asignado a la atención de los internos está formado para investigar y prevenir el delito, pero uno se termina encontrando con el preso que detuvo. Por eso, hay condiciones que no cierran y ahí vienen los roces”. Además, planteó que el sistema penitenciario, como no tiene un marco legal, tampoco tiene un presupuesto. “Hoy las necesidades se cubren con las partidas destinadas a la Policía”, enfatizó.

 

Cofré admite que hay superpoblación

NEUQUEN (AN).- El jefe de la Policía provincial, Walter Cofré, reconoció que en algunas unidades de detención “más que al límite están funcionando con 2 ó 3 presos de más”. Por eso, dijo que es fundamental la construcción de la cárcel de Senillosa que tendrá una capacidad para albergar a unos 500 internos.

Cofré se pronunció a favor de impulsar un proyecto de ley para crear el servicio penitenciario provincial, porque representará contar con un presupuesto propio y con personal especializado en la atención de los detenidos. Hoy en la provincia hay 637 internos de los cuales 277 están condenados y 360 procesados, que conviven en los distintos centros de detención.

La diputada por el MPN, Alicia Comelli, ex subsecretaria de Seguridad y Justicia, dijo que durante su gestión no impulsaron un proyecto de ley “porque nos habíamos planteado todo un mecanismo de talleres y de formación de los cuadros penitenciarios”.

El legislador Eduardo Mestre, advirtió que “estamos en una situación de crisis terminal con respecto a todo el sistema de ejecución penal”. Pero indicó que representa una oportunidad para trabajar en el mejor servicio del país. “El peor crimen que podemos hacer los funcionarios es dejar pasar esta oportunidad y no hacer nada”, añadió. Por eso, propuso una “reunión urgente entre los tres poderes (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) con gente experta en el tema y fijar un plan de acción a término”. “Como no tenemos una ley propia aplicamos la ley nacional 24.660 y sus decretos reglamentarios”, explicó.

Para Mestre el crecimiento de la población carcelaria tiene varias causas. Mencionó “la desaparición de todo lo que implica el respeto a la ley y a las normas de convivencia social en todos los niveles” y a “la corrupción del funcionario público, porque cuando el Estado demuestra que no cumple la ley a través de sus funcionarios, que se enriquecen, es un piedra libre para el resto”.


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