Una Corte en comisión

Por ser tan precarias muchas instituciones nacionales, todo presidente nuevo se ve obligado a “construir poder” desde el primer minuto de su gestión. No puede darse el lujo de perder mucho tiempo con la esperanza de conseguir el respaldo de los demás políticos que, por su parte, antes de comprometerse querrán saber si es un líder auténtico. Fue sin duda por tal motivo que Mauricio Macri decidió cubrir enseguida las dos vacantes que se habían producido en la Corte Suprema nombrando, por decreto, a los juristas prestigiosos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para que la integren “en comisión” hasta que los senadores que, claro está, tendrán la palabra final hayan ratificado o rechazado a los designados. Como el presidente habrá previsto, la iniciativa enfureció a los kirchneristas, pero puesto que carecen por completo de autoridad moral cuando de la relación del Poder Ejecutivo con el Judicial se trata, sus protestas indignadas no lo perjudicarán. En cambio, la reacción airada de peronistas disidentes, radicales, progresistas y algunos constitucionalistas de ideas conservadoras sí podría afectarlo negativamente por ser cuestión de personas cuya colaboración necesitará en los meses próximos. Con todo, puesto que el gobierno se ha propuesto impulsar de inmediato una multitud de cambios económicos muy importantes, es comprensible que Macri haya querido poner fin cuanto antes a la situación anómala en que se encuentra una Corte Suprema con sólo tres miembros. No hay motivos para suponer que Macri fantasea con sumar lo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamaba “el partido judicial”, al Pro. Quiere que la Justicia sea independiente, acaso por entender que el único riesgo que le plantearía la autonomía judicial surgiría de la lentitud que es una de las características más notables del sistema, mientras que para muchos kirchneristas, sobre todo para aquellos que no han ocultado su deseo de sabotear su gestión, constituiría una amenaza. Sea como fuere, el presidente tendrá que medir los eventuales costos políticos que le ocasione la lluvia de críticas que ha caído sobre su cabeza a causa de su voluntad evidente de quemar etapas. Mientras que la exhibición de fuerza que acaba de protagonizar podría ayudarlo a conseguir el apoyo de sectores ciudadanos preocupados por la gobernabilidad, también ha brindado a los muchos radicales y otros que, antes de entrar la campaña electoral en su fase final, lo creían un “neoliberal” despiadado un buen pretexto para darle la espalda. Sea como fuere, los argumentos esgrimidos por quienes han defendido la medida, en especial el radical Ernesto Sanz y el peronista José Pampuro, parecen haber servido para amortiguar la violencia de la reacción de quienes juran sentirse indignados por lo hecho por Macri, ya que la UCR terminó aprobándolo. Asimismo, a pesar de los reparos que tantos han manifestado, el consenso entre los juristas es que el mecanismo elegido por el presidente es legal y que por lo tanto usarlo es, como afirmó el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti , “una potestad del Poder Ejecutivo”. En países presidencialistas, el destino de los distintos gobiernos a menudo depende de lo que logran hacer a comienzos de su gestión, de ahí la costumbre de los norteamericanos de atribuir tanta importancia a los primeros cien días en que, suponen, un mandatario recién elegido tomará muchas decisiones polémicas. Macri apuesta a que le sea dado aprovechar las expectativas positivas producidas por su triunfo electoral para tomar las medidas dolorosas que serán necesarias para desactivar las bombas económicas y sociales que dejaron los kirchneristas antes de que éstos se hayan recuperado del trauma provocado por la imprevista pérdida de poder. Espera que, a mediados del año próximo a más tardar, empiecen a hacerse sentir los beneficios de las reformas económicas que ya está poniendo en marcha, y cree que le convendría contar con la presencia de una Corte Suprema que por lo menos sea neutral. De todos modos, parecería que el presidente del tribunal, Lorenzetti, y los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda están dispuestos a dar la bienvenida a Rosatti y Rosenkrantz, ya que no les gusta ver reducida la Corte a tres miembros a raíz de las renuncias de Eugenio Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt.