Una estrategia global anticorrupción 15-12-03

Por Martín Lozada

xiste una percepción generalizada en cuanto a que las comisiones ilegales, el chantaje, los sobornos, la financiación ilícita de partidos y campañas políticas constituyen problemas cuya solución debe procurarse, también, en la esfera internacional.

Pareciera que ningún Estado está libre del complejo problema de la corrupción, compartiendo todos ellos elementos que operan como común denominador, cualquiera sea la geografía o espacio cultural que se trate. Así sucede con la pérdida de los valores del servicio público y la identificación exclusiva del éxito personal y colectivo con el lucro y el beneficio económico a cualquier costo. Pero también con la elaboración de climas sociales permisivos y tolerantes que inhiben el sentimiento de responsabilidad individual y colectiva.

Existen, afortunadamente, gobiernos que en los últimos años han dado muestra de su voluntad de dar combate a las prácticas constitutivas de corrupción. Ellos sirven de indicador en torno de lo que es posible realizar para encarar esta lucha. De este modo, han propuesto y puesto en práctica medidas legislativas, organizativas o de gestión política y administrativa: leyes penales disuasorias, reforzamiento de los controles contables y de legalidad internos y externos sobre las administraciones públicas.

Asimismo, han creado servicios centrales y oficinas especializadas en la lucha contra la corrupción, mediante la asignación de mayores medios a las fiscalías y a los órganos judiciales y de control. Aprobaron códigos de conducta rigurosos para autoridades y funcionarios públicos, registros de intereses y mecanismos de recuperación de los dineros públicos sustraídos ilícitamente.

Hace ya algunos años que la sociedad civil se ha dado cita en este campo. En la esfera internacional, a través de la organización no gubernamental Transparency International, fundada en 1993, con sede en Berlín. Tiene a su cargo, entre otras tareas, la publicación anual de un Indice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el que se evalúan casi un centenar de países según los vicios que presentan sus respectivos sectores públicos.

Meses atrás, en nuestro país se creó el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), dedicado a colaborar con la reparación de los daños que la criminalidad económica provoca al Estado. A ese fin, la entidad propone retomar los informes de la Comisión de Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados y algunas grandes causas como la de la venta ilegal de armas, las coimas en IBM-Banco Nación y la mafia del oro.

Existe un aspecto del problema que no debe ser pasado por alto: el círculo vicioso que conforman la pobreza y la corrupción. Ese vínculo fue destacado en mayo del 2001, en ocasión de la III Conferencia de la ONU de los Países Menos Avanzados. Fueron entonces los representantes de las 49 naciones más pobres del planeta los que reconocieron que la corrupción los condena a no salir de la miseria, y que luchar contra la pobreza depende en cierta forma de que sus gobiernos sean transparentes, democráticos y respeten los derechos humanos.

La elaboración de estrategias globales para combatir la corrupción tiene sus antecedentes. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 55/61 del 4 de diciembre del 2000, reconoció la conveniencia de contar con un instrumento jurídico internacional eficaz contra la corrupción, por lo que decidió establecer en Viena un comité especial para confeccionar dicho instrumento.

La Asamblea le encargó tener en cuenta los siguientes elementos: definiciones; ámbito de aplicación; protección de la soberanía; medidas preventivas; penalización; sanciones y reparaciones; decomiso e incautación; jurisdicción y responsabilidad de las personas jurídicas.

Pero también, asimismo, la lucha contra la transferencia de fondos de origen ilícito derivados de actos de corrupción, incluido el lavado de activos; así como la repatriación de dichos fondos; asistencia técnica; recopilación, intercambio y análisis de información, y mecanismos de seguimiento de su aplicación.

El texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se elaboró a lo largo de siete períodos de sesiones del comité especial, entre enero del 2002 y octubre del 2003, fecha en que se terminó su borrador final. En días más, finalmente, se llevará a cabo en México una conferencia internacional destinada a su firma por parte de los Estados miembros de la Organización.

Este primer instrumento internacional, como todos ellos, tendrá efectos prácticos y simbólicos. Entre los primeros, la dinamización de la cooperación internacional y el establecimiento de conductos homogéneos de investigación financiera y persecución penal. Su valor simbólico, en cambio, radica en reconocer el carácter global del problema de la corrupción y de cuán inmediato resulta su parentesco con la pobreza, la falta de desarrollo y la pauperización social.