Una fecha inapropiada

Podría decirse que un proceso de revisión tarifaria que realiza su audiencia pública en pleno enero y que carece de un Defensor del Usuario, tiene pocas posibilidades de debate y permite que las decisiones sean arbitrarias.

Eso es lo que ocurrió con el análisis de la tarifa de Aguas Rionegrinas (ARSA) que su ente regulador, el DPA, acaba de incrementar.

El proceso queda incluso reducido a una decisión política cuando es evidente, como en este caso, que el prestador y su ente regulador son órganos que dependen de una misma autoridad, el gobierno provincial.

Es atinado recordar que Aguas Rionegrinas es casi un desmembramiento del DPA.

Ya se sabe que las audiencias públicas no son vinculantes en Argentina y que en ellas no se toman decisiones sino que actúan como el vínculo entre los actores de un mercado -especialistas, usuarios y prestadores- y el ente regulador que debe dictaminar sobre determinado reclamo del concesionario.

De todos modos, la experiencia rionegrina indica que cuando una audiencia pública cumple con los mínimos requisitos de participación, el debate es enriquecedor y ayuda al regulador a tomar su decisión.

Ello ocurrió en diciembre de 2001 cuando el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) convocó a una audiencia pública para analizar el pedido de incremento tarifario que había realizado Edersa (26%).

La actuación de un Defensor del Usuario que se reunió con todos los sectores de la economía provincial y los dos días de debates en Cipolletti le dieron al EPRE elementos para tomar la decisión de dejar los precios de Edersa casi como estaban. (AC)

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