Una inmensa defraudación

Cuesta saber si es mayor la defraudación que los funcionarios del ex Banco de la Provincia de Río Negro cometieron contra el capital económico de los rionegrinos o ésta, que se consuma ahora y que puede ser definida como un hecho continuado de desgaste de la confianza pública en la Justicia:

Esta semana se conoció que Edgar Massaccesi y Francisco Ricciardulli fueron condenados a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos, Rubén Rodríguez a dos años en suspenso -con igual inhabilitación- y Bou Abdo y Speratti a una multa de 10.000 pesos cada uno y apenas un año de limitación respecto del Estado, luego de ser considerados penalmente responsables de delitos perfectamente detallados en la sentencia de 191 hojas que firmaron los jueces Jorge Bustamante, Ernesto Rodríguez y Fermín Donate.

Poca gente tal vez se le anime a tan farragosa lectura, pero sería bueno que lo hicieran todas aquellas personas que opinan sobre el particular, para hacerlo en forma responsable.

Tal es el caso del gobernador Miguel Saiz, quien con total desparpajo ha dicho el jueves que «no tuve todavía oportunidad de leer en detalle la sentencia, pero creo que no era tanto como se decía pero también se demostró que algo había surgido».

¿Algo, señor gobernador?

Ninguno de los hechos denunciados fue desmentido. Todo fue comprobado, aunque -claro está- en la ponderación de la pena, la defraudación a la administración pública por administración infiel de quienes debían cuidar el patrimonio público haya merecido condenas tan leves que la asemejen con una travesura de niños.

En las declaraciones del gobernador Saiz cabe leer -puesto que no puede sospecharse ignorancia, porque es abogado- una solidaridad partidaria o personal con los imputados que ofende a la Justicia.

Si algo podría imputársele a la ponderación de la pena, es no tener en cuenta que los créditos dados a un grupo de empresas «amigas» sin garantías ni ánimo de devolver el dinero, fue determinante en la debacle del ex Banco Provincia de Río Negro y de su posterior venta por bajísimo precio. Ese es el principal perjuicio, y lo que transforma a una serie escasa de casos en una inmensa maniobra defraudatoria.

Esta situación fue planteada con crudeza por el testigo Ignazi: para asistir a las empresas insolventes y pese a que el Central se lo desaconsejaba, el BPRN salía a buscar dinero con altísimas tasas en el mercado porteño. La cartera «sana» del ex BPRN era un 10 % y la «basura» morosa un 70 ó 75%, concentrada en pocas firmas.

O más claro: el Banco refinanciaba las deudas a los morosos «amigos» para permitir que las inmensas sumas de deuda continuaran figurando como capital, sabiendo que era falso, que los deudores nunca pagarían. Por eso nunca intentaban ejecutarlos. Aunque algunos jugaban al tenis con ellos.

Ejemplos sobran. Se dio como fundamento para el aval a Coerpe que la empresa quería radicarse en la provincia. Nunca lo hizo, porque Coerpe era una empresa «sello» de la que figuraban como dueños los suegros de Pedro Traballoni. Y en la declaración de Rubén Rodríguez ante los jueces quedó claro que el entonces gobernador Horacio Massaccesi le pidió en una reunión frente a Ricciardulli, que aprobara ese aval. «O firmaba o debía dejar el cargo», afirmó. El ex gobernador también pidió a Speratti y Lapuente que aprobaran el aval -este último fue el único que no lo hizo-. Sin embargo, la Cámara -que escuchó todo esto en el debate- concluyó que «no se ha podido conocer, no ha impulsado el Ministerio Público, la investigación sobre quiénes eran los verdaderos responsables de dichas decisiones, quiénes eran los autores intelectuales, quiénes ordenaban realizar operaciones que después, a veces meses después, le era impuesto al Consejo para su aprobación, cuando ya se había efectivizado». Tampoco la Cámara lo promovió.

Resulta curioso cómo la Justicia -y por ésta entiéndase el fiscal de instrucción, el de cámara, todos los jueces que instruyeron el expediente y todos los camaristas- se las arregló para mantener a Massaccesi alejado de cualquier imputación. Al menos la Cámara lo citó como testigo, aunque las preguntas no lo inquietaran.

Esto es importante en virtud de que la pertinaz conducta de los funcionarios sólo puede comprenderse si se concluye que, en realidad, el dinero no era para Galme y el resto de las firmas, sino que importaba a un interés superior a los ojos del gobierno. Así parece entenderlo la Cámara cuando dice que: «Puede concluirse que Galme Pesquera ha sido un instrumento idóneo para distraer del Banco importantí

simas sumas de dinero con destino incierto, pero que seguramente no fue el que marcan las normas que regían la actividad del Banco de la Provincia de Río Negro.

Algo similar se deduce cuando el Tribunal transcribe los dichos del fiscal -(«¿Quién es Lixer?, nunca vamos a poder dar una respuesta total, pero si tomamos las declaraciones testimoniales de García Conde (ver cuerpo XI de Toddy) y de Giacinti (ver cuadernillo citado), el contador Massaccesi fue quien adquirió Toddy bajo el disfraz de Lixer, por lo menos uno de los adquirentes»), pero no hace acotaciones.

Y no obstante la pena, se ha dicho, se compone de prisión en suspenso y de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ambas casi equivalentes a nada. Ya que los funcionarios no irán presos y en general tienen solvencia económica -sea desde antes o desde su paso por la política-, y no tienen necesidad ni deseos de complicarse la vida ejerciendo un cargo público.

El tema de los Traballoni es un caso aparte. A Pedro el Tribunal lo sobreseyó argumentando que el juez de instrucción olvidó imputarlo en el caso del aval a Coerpe, aunque se encuentra entre los favorecidos de la maniobra, y ya había sido sobreseído en el caso Galme. Pero la Cámara también sobreseyó a los otros dos empresarios que fueron a juicio -sin que mediara olvido del juez-. Ahora queda por juzgar a Rita Traballoni por Galme y por Coerpe. Pero la indulgencia que benefició a sus pares hace suponer que la controvertida empresaria no tendrá motivos para preocuparse.

Llamativo es también que durante todos estos años la Justicia no haya encontrado a Daniel López para juzgarlo. ¿Se presentará ahora el prófugo viendo que sus pares apenas recibieron una condena de ejecución en suspenso?

Respecto de Speratti y Bou Abdo, la Cámara los exime de culpas mayores por considerar que virtualmente no comprendían nada de lo que firmaban, sin consignar que nadie puede alegar su propia torpeza.

Desde el punto de vista formal, la Cámara toma la causa como un único hecho lineal de administración infiel -una de las figuras de fraude a una administración pública-, pese a que la investigación se dividió por empresas, no por practicidad sino porque implican casos y conductas diversas, aunque tengan en común los pésimos resultados económicos para el Banco.

Libera de la misma carga penal a los empresarios por considerar que al beneficiarse con la conducta ilegal de los funcionarios, son cómplices necesarios pero no coautores. Esta visión algo ingenua parte de la base de que el dinero efectivamente fue a las empresas, cosa que la propia Cámara pone en duda. Pero a pesar de ello, la Cámara entiende que no se probó la connivencia.

Respecto de la pena, ha dicho la Cámara que pasados tantos años, pierde sentido la prisión efectiva por cuanto ya ha sido condena para los imputados el verse señalados por la sociedad. Si se considera que la demora de 15 años en llevar este expediente a juicio ha sido en gran medida motivada porque las defensas de los imputados apelaron todo lo que pudieron en el expediente, podría concluirse que la estrategia ha sido exitosa para ellos y que es razonable suponer que -de ahora en más- otros acusados de corrupción los imitarán con ahínco. La pena de 5 años y 8 meses que solicitó el fiscal de Cámara para Edgar Massaccesi y Ricciardulli y de 4 años para Rodríguez parecía más razonable para tan graves delitos. Curiosamente, fue César Gutiérrez Elcaras -fiscal desde la instrucción y quien más sabe sobre esta causa- quien pidió los apenas tres años de ejecución en suspenso que finalmente aplicó la Cámara a los principales responsables enjuiciados.

Finalmente, el Tribunal reprende por negligencia a los poderes del Estado, entre los que incluye a la Legislatura y a los órganos de control. Pero lo hace cuando el paso del tiempo hace imposible una persecución penal por incumplimiento de deberes. Esto lo vuelve semejante a la cíclica costumbre de la CIA de «desclasificar» documentos comprometedores. ¿El radicalismo rionegrino tomará esta sentencia como una «desclasificación» de culpas que el tiempo se ha encargado de borronear bajo una pátina de olvido? Así parecen indicarlo las palabras del gobernador Saiz. «Creo que no era tanto como se decía, aunque algo había».

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar