Una montaña de delitos menores atascados en la Justicia neuquina

En el fuero Correccional atiende un juez.

por ciento de las causas penales en condiciones de llegar a juicio oral pero todo el trabajo se descarga en un solo magistrado, porque el otro que había se jubiló hace un año y medio sin que hasta ahora lo hayan reemplazado, y el proyecto de crear un tercer juzgado nunca se concretó.

Como consecuencia de esto, sólo un pequeño porcentaje de los expedientes llega efectivamente a tener sentencia en un plazo razonable. El resto acumula polvo esperando su juicio oral o muere de inanición en los estantes bajo la forma de la prescripción.

Hacia el fuero correccional se derivan todas aquellas causas en las que el fiscal anticipó que pedirá una condena de tres años de prisión o menos para el autor. La mayoría son por daños, lesiones, amenazas, querellas, pero también muertes en accidentes de tránsito, robos cometidos sin armas y otros delitos contra la propiedad que sensibilizan a la sociedad. Algunas son sencillas y de rápida resolución; pero otras guardan complejidad, demandan tiempo para su tratamiento y hasta una carrera contra reloj para que no queden impunes.

Los expedientes se acumulan en el despacho del único juez correccional de esta capital, Carlos Lardit. Sólo durante 2000 recibió 670 causas y no da abasto para atenderlas, pese a que realiza hasta tres juicios orales por día y tiene el calendario comprometido por lo que resta del año. "Sencillamente no hay tiempo material para manejar más de 200 causas por año. No alcanzan los días hábiles", explicó el magistrado en diálogo con "Río Negro".

Lardit es el titular del juzgado 2 y además subroga en el 1, desde que se jubiló su colega Jorge Aldana. En la Legislatura espera tratamiento el pliego de su reemplazante, Héctor Dedominichi, prisionero de una pulseada entre los poderes Judicial y Legislativo.

Hoy, el fuero correccional es el único que registra un atraso preocupante. La debacle comenzó con la reforma del Código Procesal de 1996, cuando se dispuso su competencia sobre todas aquellas causas en las cuales el fiscal anticipe que pedirá tres años de prisión o menos.

"Hasta entonces sólo interveníamos en delitos con una pena máxima de tres años de prisión, pero ahora tenemos casos penados con hasta cinco años de prisión", señaló Lardit. "En consecuencia, el 70 por ciento de las causas en condiciones de ir a juicio vienen acá".

Hay otros factores: la estructura investigativa creció, pero la destinada al debate oral y sentencia se mantiene inalterable. "Hace unos años había cuatro fiscalías, dos Cámaras y dos Correccionales. Hoy hay 14 agentes fiscales y sigue habiendo dos cámaras y dos correccionales", dijo Lardit.

Las estadísticas reflejan este fenómeno. En 1996, los dos juzgados correccionales recibieron 370 causas; en 1997, 490; en el 98, 570; en 1999, 600 y el año pasado 670, es decir el doble que en el año de la reforma.

"La situación es sumamente grave porque se resiente el servicio de justicia en la medida que no se dan las respuestas que la sociedad necesita", opinó el fiscal Ricardo Mendaña. "Una de las consecuencias es que lleva a una mayor impunidad", agregó.

Citó un relevamiento efectuado en febrero pasado que reveló que en los correccionales hay más de 600 causas acumuladas pendientes de juicio. Entre ellas, algunas tienen más de tres años de tramitación y muchas están al borde de la prescripción.

"Es un tema permanente de preocupación", dijo por su parte el juez de Instrucción Eduardo Badano. Días atrás hubo una reunión entre funcionarios del poder Judicial y miembros del Tribunal Superior de Justicia para encontrar una solución.

"Una de las alternativas que se manejó fue que los camaristas intervinieran en causas, pero habría que revisar la ley de subrogancias para ver si corresponde", indicó Badano.

Una versión que circula por Tribunales indica que hay una cerrada negativa de los camaristas a absorber los expedientes que desbordan a los juzgados de la calle Juan B. Justo al 300.

Mendaña dijo que "el sistema de reemplazos es inadecuado, muy rígido, fue pensado para otra época. Cuando la ausencia de un funcionario se prolonga no se puede estar cuatro meses para cubrirlo".

Agregó que "un juez de Cámara puede suplir eventualmente al de Instrucción o al correccional. No se trata de una cuestión de rango: los jueces son jueces".

"Antes que designar al reemplazante de Aldana habría que crear el correccional 3", opinó a su turno Lardit.

"Así, esta enorme cantidad de causas se dividiría por tres y serían más manejables. Además, como es de práctica el nuevo juzgado estaría de turno seis meses seguidos y en ese tiempo los otros dos se pueden poner al día", agregó el magistrado.

Las consecuencias de una tarea desbordada

NEUQUEN (AN)- El atascamiento de expedientes en la justicia Correccional tiene serias consecuencias. Las causas llegan a juicio hasta cuatro años después y fracasan, porque por ejemplo los testigos no recuerdan los hechos, los imputados pasan todo ese tiempo con su situación procesal indefinida y, en muchos casos, los delitos quedan impunes por prescripción.

La prescripción es la extinción de la acción penal por el paso del tiempo. Se fundamenta en que el Estado no tiene potestad para perseguir al imputado indefinidamente, manteniendo bajo sospecha a una persona sin definir si es culpable o inocente.

Según fuentes judiciales, en la justicia correccional hay 200 causas en condiciones de prescribir. El atraso es de tal magnitud que la mejor estrategia que han encontrado los abogados defensores es no hacer nada, sólo dejar que pase el tiempo. No piden juicio abreviado ni la probation, sino que apuestan a la prescripción.No todas las causas prescriben al mismo tiempo. Si un expediente permanece inmóvil el máximo de tiempo estipulado para un delito, la defensa está en condiciones de invocar la extinción de la acción penal. Según el fiscal Ricardo Mendaña, en los Correccionales hay 600 causas pendientes de juicio.

Pulseada por un nombramiento

NEUQUEN (AN)- El Tribunal Superior de Justicia tiene desde el año pasado un candidato para que ocupe el juzgado Correccional 1, pero debido a una de las muchas pulseadas con el Poder Legislativo no logró que se aprobara su pliego. Con la reapertura del período de sesiones ordinarias, el debate se reanuda con nuevos ingredientes. Mientras tanto el cargo sigue vacante.

Héctor Dedominichi, secretario del TSJ, fue propuesto el año pasado como reemplazante del jubilado Jorge Aldana. La Legislatura lo rechazó invocando cuestiones formales -ausencia de concurso- que apenas escondían las antiguas diferencias que separan a ambos poderes.

La cabeza del Poder Judicial defendió a su candidato. Incluso en agosto pasado, en una reunión con los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, les dijeron: "el TSJ tiene la potestad de aplicar cualquier método que se le ocurra (para nombrar a su postulante), incluso el dedo, cosa que no hemos hecho". La frase se ganó la respuesta de Raúl Radonich (Alianza), quien sostuvo que ante el escepticismo de la sociedad, las decisiones que toman los funcionarios públicos "deben tener una absoluta transparencia".

El TSJ insistió con la postulación de Dedominichi, esta vez cumpliendo los formalismos. Igual su pliego no volvió a tratarse hasta ahora.


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