Una norma con futuro condicionado

La nueva ley de Medios tiene condicionada su vida útil. Muchas de las empresas periodísticas que se sienten perjudicadas prometieron objetarla en la Justicia, mientras que el arco opositor al Gobierno dijo que buscará modificarla una vez que se produzca el recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando el oficialismo pierda sus mayorías en ambas cámaras del Congreso.

La iniciativa también mereció la queja unánime de las entidades que reúnen a las empresas de radiodifusión y periodísticas, por considerar que viola el derecho a la libertad de expresión ya que pondrá en manos del Poder Ejecutivo la decisión sobre el futuro de cientos de emisoras de radio y televisión.

El más controvertido de los items de la iniviativa que se aprobó anoche en general es el artículo 161, más conocido como «cláusula de desinversión», que obligará a las empresas de radio y de televisión abierta y por cable a desprenderse en el plazo máximo de un año de todos los medios que superen el límite de licencias que establece el proyecto. Esta disposición es cuestionada por la oposición, por considerar que vulnera derechos adquiridos de leyes vigentes.

El otro punto cuestionado es la autoridad de aplicación, en la que el gobierno tiene mayoría y mediante la cual podría ejercer su domicio sobre los medios. La oposición siempre reclamó cambios concretos: «pluralidad de la autoridad de aplicación sin mayoría automática del Poder Ejecutivo».