Una nueva etapa para la industria

YPF pasó a ser un actor central para el sector petrolero. ¿Cuál debería ser el rol de las provincias?





Ecos del acuerdo con Repsol

Nicolás Gadano (*)

Con la aprobación del convenio de compensación que hoy se discute en el Parlamento, quedará despejada la situación accionaria de YPF (ahora bajo control estatal), dejando paso a una nueva etapa para la empresa. Resulta positivo que el conflicto abierto con la expropiación del 51% de las acciones se resuelva con un acuerdo entre las partes, dándole un cierre adecuado a un pasivo contingente que el paso del tiempo sólo podía agravar y que afectaba al desempeño de YPF, al resto de las empresa petroleras que operan en el país y a la ya golpeada reputación argentina en el mundo de las finanzas internacionales. La nueva YPF es una sociedad en la que convivirán los intereses de los accionistas privados (incluyendo a Repsol, que al menos durante algún tiempo mantendrá una participación importante) y el interés público, representado por el 51% de las acciones. La ley que dispuso la expropiación estableció que esas acciones adquiridas por el Estado sean distribuidas entre la Nación y las provincias productoras, asegurando de esta forma una visión federal en el Directorio. Aún no está claro cómo las provincias compensarán al Estado nacional por la porción de acciones que les corresponde, pero seguramente el valor –5.000 millones de dólares por el 51%– constituye una referencia ineludible. En cuanto a la distribución de acciones entre las provincias, el liderazgo de Neuquén en la producción de petróleo y gas le asegura a la Provincia una posición importante en la estructura de propiedad de YPF y en su Directorio. Teniendo en cuenta el formato de la nueva YPF, creo que debemos ayudarla a recuperar el rol que tuvo durante décadas: el único vehículo de participación pública federal en la industria petrolera argentina. En ese contexto, habrá que evaluar si resulta viable y conveniente darle continuidad al conjunto de pequeñas empresas petroleras públicas surgidas en los últimos años, tanto en las provincias como en la Nación. La experiencia de Enarsa es un caso a mirar para quienes impulsan que pequeñas empresas públicas controlen el dominio de las áreas petroleras/gasíferas. Desde su creación a fines del 2004, Enarsa posee los derechos sobre toda la plataforma offshore y los resultados en materia de reservas y producción han sido sumamente desalentadores. Con la realidad de la nueva YPF con mayoría estatal, cuesta entender cuál puede ser el rol y el aporte de Enarsa en la industria de los hidrocarburos. Un modelo de pequeñas empresas públicas sin la trayectoria, sin la escala y sin la capacidad técnico-financiera de YPF, que pujan por apropiarse de más renta y compiten entre sí, con YPF y con las empresas privadas, no tiene antecedentes en el mundo y no nos servirá para enfrentar el desafío de inversión de los recursos no convencionales, condenando a la industria al subdesarrollo. Las provincias productoras deben coordinar entre sí y con la Nación todos sus esfuerzos en materia de legislación y actividad productiva en hidrocarburos. Iniciativas parciales y descoordinadas no beneficiarán a ninguna de las partes, porque no podrán sentar las bases para un proceso sostenido de inversiones. A modo de ejemplo, la falta de coordinación podría provocar que una jurisdicción ofrezca incentivos a la industria con los tributos a su cargo (v.g. Ingresos Brutos en las provincias), pero que el efecto sea anulado por un aumento de la carga fiscal de otra jurisdicción (municipio o Nación). El futuro de la industria petrolera pasa por un esfuerzo mancomunado del Estado federal y las provincias productoras. Una nueva ley federal de hidrocarburos a sancionarse en el Congreso Nacional, junto con la nueva YPF, serán las herramientas centrales para implementar un modelo de desarrollo de la industria beneficioso para todos los argentinos. (*) Economista

La comisión de energía debatió el pago por el 51% de las acciones que Nación expropió a YPF.


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