Una película que todos hemos visto

El desarrollo del conflicto frutícola repite casi simétricamente los acontecimientos ocurridos año tras año en el Alto Valle. Al parecer tiene también un final previsible que no va a ser distinto al que se ha venido produciendo.

Se trata de un conflicto de intereses y esto dicho con el propósito de desdramatizar la situación. Como en todo conflicto gremial, los sindicatos pujan por obtener una proporción mayor de la renta que produce la actividad. Lo que no está tan en claro es quién es la contraparte, porque actúan entidades intermedias, como los galpones de empaque y los frigoríficos, cuando en realidad el verdadero conflicto de intereses está entre los productores y los obreros. Las otras entidades actúan como intermediarias y deducen de sus costos los aumentos que se puedan producir.

Así las cosas, los sindicatos actúan en forma orgánica, clara, contundente y al margen de la ley. Saben sus objetivos y tienen una clara idea del rol que cumplen las autoridades provinciales y nacionales. Enfrente tienen una armada dispersa que carece de líderes naturales, que no tiene una estrategia en común y que en ocasiones da la sensación de que ni siquiera sabe cuál puede ser la respuesta adecuada.

Los sindicatos actúan entonces sabiendo que no tienen una resistencia seria. Golpean en el momento de mayor vulnerabilidad del sistema y cuentan con la complicidad o la cobardía del gobierno provincial y del gobierno nacional. El primero, como siempre, aparece dibujado en todo este conflicto. Alejado de sus preocupaciones esenciales, cual es la provisión de empleos públicos a su clientela electoral, las vicisitudes de las próximas internas y la alimentación de su aparato electoral, cuando enfrenta este tipo de conflictos de la economía real y que le puede significar costos políticos, toma la mayor distancia posible como si los acontecimientos no se produjeran en su provincia sino en otra galaxia.

Por su parte, el gobierno nacional tiene tan poca convicción con sus propias decisiones que no asume ni siquiera el costo de hacerlas respetar, cual es el caso de la conciliación obligatoria. El ministro Tomada tiene tanta autoridad como un ratón de utilería y su gestión no puede ser tomada en serio, no ya por los sindicalistas que no vacilan en apagarle un cigarrillo en la frente, sino por sus funcionarios que no se animan a utilizar la única arma que le provee la ley para buscar una solución consensuada al conflicto.

Los dirigentes frutícolas tienen también una enorme cuota de responsabilidad. A pesar de que el problema se repite todos los años, parecen sorprendidos por las medidas y lo más contundente que han hecho en este período es volcar un camión de peras en una calle de Cipolletti.

Hablando claramente, la parte que se enfrenta al gremialismo tiene dos opciones frente al conflicto: o cede rápidamente y evita en consecuencia los daños producidos por los barcos que llegan y quedan varados en el puerto, o decide resistir y asume que eso tiene un costo en pérdidas significantes, pero que le da una alternativa de éxito para esta y futuras negociaciones.

Lo que es incomprensible es que todos los años haga lo mismo. No acepta las condiciones exigidas por el sindicato, provoca el conflicto y al cabo de varias semanas, después que parte de los daños están producidos, termina por ceder.

El sector frutícola no solamente carece de una estrategia sino que no parece tener en claro las herramientas y los elementos que puede usar en su favor. No tiene un equipo de juristas trabajando para presentar los recursos judiciales, que restablezca el imperio de la ley. Tampoco parece percibir las debilidades en que quedan las organizaciones sindicales y sus afiliados al producirse el incumplimiento de la conciliación obligatoria, y por último, enfrentado crudamente a la realidad de la desprotección estatal, no tiene la capacidad de movilización ni la energía que tuvieron por ejemplo los productores rurales de la pampa húmeda, para movilizarse y hacer pagar los costos políticos a los gobiernos ausentes en su rol esencial.

El gobierno provincial se escuda en su naturaleza federal para desentenderse del conflicto. Esto es parcialmente cierto, pero nadie ignora que el gobernador debe ser el protagonista principal para llevar los problemas de las provincias al orden nacional y obtener resoluciones y tiene una parte indeclinable de la responsabilidad cuando permite que se actúe al margen de la ley, se impida el trabajo, se bloquee el acceso a las empresas, se corten los caminos, se eviten los embarques; en una palabra, se permite que impere en la provincia la ley del más fuerte.

Claro que suponer que el gobierno provincial pueda hacer respetar la ley y la Constitución parece simplemente una quimera.