Una veta escondida

Quedó congelado el debate sobre el cuidado del medioambiente y las nuevas técnicas de extracción.

Por Redacción





gerardo bilardo gbilardo@rionegro.com.ar

Veta Escondida, el área hidrocarburífera que el gobierno de Jorge Sapag quitó a Petrobras por ausencia de inversiones, hace honor a su nombre: tendría guardadas importantes cantidades de gas y petróleo, según informó este fin de semana la Subsecretaría de Energía de la provincia en un documento difundido para explicar algunas de las razones por las cuales se adoptó esta medida. En ese mismo texto el gobierno reconoció que el bloque sería potencialmente atractivo en producción de yacimientos convencionales y no convencionales, este último caso correspondiente a Vaca Muerta y Los Molles, dos codiciadas formaciones geológicas de la Cuenca Neuquina. Este detalle explicaría aún más el interés de Neuquén por recuperar un área cuya licencia podrá controlar a través de Gas y Petróleo (G&P) una vez concluido el trámite de la caducidad. En las últimas semanas el gobierno de Sapag revirtió seis áreas de cuatro empresas diferentes. De las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), Neuquén es la única que se metió con otras compañías, más allá de YPF. Pero la acción contra Petrobras generó un problema casi diplomático con Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, a tal punto que intervino el ministro de Planificación Julio De Vido que convocó a una reunión de partes para mañana. “Todavía no fuimos invitados”, dijo este fin de semana una fuente allegada al Ministerio de Energía que conduce Guillermo Coco. La frase genera intriga respecto del éxito de esta convocatoria formulada por el gobierno nacional, tras la protesta que formalmente hizo la presidenta de Petrobras, María das Graças Foste, cuando conoció la medida adoptada por Neuquén. La decisión de ir contra Petrobras, “más allá del argumento de la ausencia de inversiones, parece una devolución de gentileza con el gobierno nacional”, observó con ironía un hombre de la oposición. Su opinión está vinculada a la incomodidad que le provocó a Sapag la pelea con Repsol –la empresa que controla YPF–, potenciada por el gobierno nacional y canalizada a través de los gobernadores de provincias petroleras. En la Ofephi se acordó revertir áreas concesionadas sin inversiones, pero todos apuntaron a YPF. “Somos coherentes con el pedido”, dijo esta semana una fuente oficial, sin desconocer que, con la quita de Veta Escondida a Petrobras, la incomodidad ahora corre para el gobierno nacional, que intervino de inmediato. El debate sobre la política petrolera originado en este tiempo dejó congelada otra discusión: la convivencia de las nuevas técnicas de extracción en los yacimientos no convencionales con el medioambiente. Los obispos de la Patagonia, en el mensaje pascual difundido en la semana, volvieron sobre el punto en cuestión y preguntaron reflexivamente sobre el medioambiente: “¿Lo explotamos impunemente o lo cuidamos como la casa de todos?”, dijeron. Entre los firmantes del mensaje figura el obispo de Neuquén, Virginio Bressanelli, que fue el primero en reparar en el medioambiente mientras las empresas anunciaban prometedoras reservas de gas y petróleo en yacimientos no convencionales. Esa intervención, realizada el año pasado, cuando monseñor Bressanelli aún ocupaba el cargo de coadjutor de la diócesis local, tuvo respuesta de Sapag una vez que fue reelecto en su cargo. El gobernador dijo en aquel entonces que la legislación garantiza el cuidado del medioambiente y que los acuíferos no correrán riesgos porque las perforaciones los atraviesan cómodamente en profundidad. En el gobierno entienden que la legislación vigente en materia de seguridad ambiental cubre los requisitos de cuidado tanto para las exploraciones y explotaciones en yacimientos convencionales como en los no convencionales. Existen datos para pensar que el orden de prioridad lo tienen las inversiones. En el último tiempo se difundieron ampliamente informes sobre la caducidad de áreas por falta de inversiones pero no se conocen detalles de los controles ambientales que efectúa la provincia ni sus resultados, como así tampoco ha trascendido la reversión de algún área por mal desempeño ambiental de una empresa. Por lo general, las explicaciones oficiales de daño ambiental llegan cuando se hace público un episodio de contaminación que habitualmente es denunciado por terceros perjudicados. Cuando en el 2004 la provincia aprobó su propia ley petrolera, dedicó sólo dos de un total de 137 artículos al régimen de protección del ambiente. El artículo más específico, el 123 de la ley 2453, dice lo siguiente: “La aplicación e interpretación de la presente ley se ajustará a los siguientes principios: a) desarrollo sustentable; b) de precaución; c) de equidad intergeneracional; d) de preservación de los recursos naturales y la integridad de los ecosistemas”. La ausencia de detalles en la ley madre que rige la actividad de hidrocarburos está cubierta en otra exclusiva para la preservación del medioambiente, la número 1875. Esta norma, con sus anexos, es la que se aplica para controlar las actividades de la economía más contaminantes con procedimientos ajustados para la obtención de licencias ambientales y estudios de impacto ambiental. Como se apuntó, en el gobierno interpretan que esta ley, junto a otras regulaciones relacionadas, alcanzan para dar respuesta a los desafíos que plantea la nueva tecnología. Pero ya que se habla de tecnología se puede recordar que la ley ambiental se aprobó a fines de 1990, cuando los teléfonos celulares eran una rareza, internet aún no había irrumpido en la vida cotidiana y las computadoras que incluían discos rígidos de unos pocos megabytes eran bastante onerosas.


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