Universidad Nacional del Comahue: un futuro posible

Infogramas:

Presupuesto por alumno

Evolución del presupuesto

Al debatirse la delegación de poderes al Poder Ejecutivo Nacional, cuestionada en estos días, se excluyó del proyecto original una cláusula que comprometía los ingresos tributarios primariamente para el pago de intereses del servicio de la deuda externa.

Sin embargo, tras la sanción de la llamada ley de ajuste o déficit cero de julio último, el Congreso de la Nación ha dado un paso atrás respecto de la voluntad mostrada en aquella oportunidad.

De hecho, las últimas medidas adoptadas comprometen la recaudación en primer lugar para la atención de los acreedores externos. Al fin y al cabo de lo que se trata es de ajustar los pagos según los ingresos percibidos y, en caso de no ser suficientes los recursos provenientes de la recaudación, se procederá a reducir haberes del personal de la administración pública en actividad o jubilados y las transferencias a los organismos.

La ley no fija piso salarial para realizar los descuentos, ni porcentaje máximo a aplicar: «Cuando los recursos presupuestarios estimados no fueran suficientes para atender a la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del sector público nacional. La reducción afectará a los créditos respectivos en la proporción que resulte necesaria a tal fin y se aplicará, incluso, a los créditos destinados a atender el pago de retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, adicionales, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones, así como aquellas transferencias que los organismos utilicen para el pago de dichos conceptos» (artículo 10).

Apenas la expresión de deseos expresada en el artículo 12: «El Poder Ejecutivo Nacional garantizará con los mayores recursos y ahorros recuperados en las disposiciones de la presente ley, el restablecimiento de las retribuciones periódicas por cualquier concepto, incluyendo sueldos, haberes, asignaciones familiares, haberes de jubilados, retirados y pensionados para todos los que percibían hasta mil pesos mensuales, antes de las reducciones».

En el caso de las universidades nacionales, la reducción ha alcanzado al 13% de la masa salarial total, porcentaje que se ha extendido (incluso en mayor proporción) a los otros rubros.

Para mensurar la gravedad del impacto de la baja presupuestaria es conveniente analizar la evolución de los fondos públicos asignados por el Congreso Nacional, junto con la matrícula universitaria.

En tal sentido podemos identificar tres períodos claramente diferenciados, a través de los gráficos adjuntos. Los presupuestos crecieron de manera notoria en el período 1991-1994, se mantuvieron estables durante el trienio 1995-1997 y cayeron a partir de 1998, siempre considerados respecto de la evolución de la matrícula.

Durante el corriente año la reducción se manifiesta en términos absolutos y con seguridad también lo será en el 2002.

Para el presente año se considera el presupuesto votado por el Congreso de la Nación, con una reducción del 6,5% (atento que comenzó a aplicarse en el segundo semestre), mientras que para el 2002 se estima anualizada la reducción del 13%. ¡Preferiríamos equivocarnos!

La matrícula universitaria se ha tomado de los anuarios estadísticos oficiales, estimándose para el corriente año y el 2002 según la tasa de crecimiento mostrada en la década.

Estas tendencias, de carácter general para el conjunto de las universidades nacionales, son aplicables también a nuestra universidad.

Por otra parte el último ajuste, surgido de la ley de déficit cero, ha encontrado en situación de extrema debilidad a la Universidad Nacional del Comahue, entre otras razones porque:

a) Se había consumido el fondo universitario de $1.200.000 que se recibió de la gestión concluida en 1998.

b) Se ha tenido una política dispendiosa de contratación de personal, pasando de $77.000 en 1998 a $525.000 en el 2001.

c) Se han aumentado considerablemente los contratos de locación de obras y servicios.

d) Se ha imposibilitado a la UNC de reclamar administrativamente y en sede judicial los presupuestos no remitidos en los años «98, «99 y 2000, por un total de $3.300.000, puesto que las contribuciones patronales retenidas y no depositadas oportunamente superan ese monto y obligarán a devolver al Estado nacional $520.000 en los próximos cuatro meses y $1.800.000 en los próximos tres años.

Consecuentemente, la UNC se encuentra frente a un proceso que ha combinado la liquidación de ahorros, la sobreejecución presupuestaria y el endeudamiento a futuro a través del crecimiento injustificado de gastos que se traspasaron, hasta ahora, a ejercicios económicos de años siguientes.

Todo ello compromete el presente y (lo que es aún más grave) el porvenir de la institución.

La comunidad universitaria y la mayoría de la sociedad han rechazado la decisión del gobierno nacional expresada a través de la ley de déficit cero. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsa en estos días un proyecto de ley que ponga al margen de la reducción presupuestaria actual y venidera a los fondos destinados al sostenimiento y mejora de la educación pública.

Los universitarios tenemos la obligación, junto con el reclamo sostenido por una asignación de fondos acorde a la función social desempeñada, de usar los dineros públicos de una manera justa, trasparente y racional, ya que se trata de la contrapartida de la autonomía universitaria, que debemos honrar y preservar celosamente.

Sólo pensando en el futuro y adelantándonos a él podremos salir del torbellino que muestra la severa conflictividad del presente. La parálisis institucional y las disputas sectoriales pueden y deben dar lugar a amplios acuerdos estratégicos sobre qué hacer en los tiempos por venir, sin actitudes prejuiciosas o dogmatismos.

Nuestra universidad ya atravesó circunstancias dramáticas desde el punto de vista político, con intervenciones que violentaron los derechos humanos. Desde el punto de vista económico y financiero sobrellevó los duros meses de la hiperinflación de 1989.

No hay razones para pensar que no superaremos esta crisis, en tanto advirtamos que en nuestra capacidad e inteligencia colectiva está buena parte de la solución a los problemas que hoy nos desafían.