Universidades, gratuitas y sin examen de ingreso

El Senado aprobó una ley que garantiza la gratuidad en las universidades públicas y prohíbe la posibilidad de implementar exámenes de ingreso. Además, la norma abre la puerta para que se puedan flexibilizar los requisitos para que los alumnos mantengan la condición regular. El proyecto fue impulsado por la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós y surgió como una modificación a la Ley de Educación Superior. En 2013 se le había dado media sanción en Diputados, con la única oposición del bloque del Pro. “La ley menemista creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, por ejemplo, lo que a abrió la puerta a vivir una situación como la chilena”, indicó Puiggrós . La Cámara alta dispuso en la sesión del jueves la modificación de varios artículos de la ley 24521, sancionada en 1995, y uno de los más importantes es el 2º, donde ahora queda explicitado que “el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas” . El artículo 2 bis, que establece la “prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa” sobre las carreras de grado en las universidades públicas. El texto de la norma define el ingreso a la educación universitaria como “libre e irrestricto”. Los fundamentos del proyecto explican que este punto busca evitar que se restrinja el acceso a las facultades públicas vía “exámenes eliminatorios” u “otros mecanismos de exclusión”. Esta modificación echa por tierra los cursos de nivelación que realizan algunas facultades. Uno de los casos emblemáticos es el de Medicina, en La Plata, cuyos bochazos masivos son noticia todos los años. A partir de esta ley, cada universidad podrá definir los requisitos de regularidad de sus alumnos. Hasta ahora estaban obligados a aprobar como mínimo una materia por año –en algunos casos son dos–. Una vez que se reglamente la modificación podrán definir criterios propios más flexibles. La autora del proyecto aclaró que las facultades no podrán alegar su autonomía para evitar la aplicación de la ley. “La autonomía universitaria no quiere decir que las universidades sean extraterritoriales”, argumentó. (Redacción)

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