Universidades y la abogacía

No es poco frecuente que en el país algunos adviertan sobre una excesiva producción universitaria en carreras que estiman colmadas en razón de su desajuste con el mercado de trabajo o con las necesidades del desarrollo económico-social. En distintos momentos se ha incluido en consideraciones de este tipo, con mayor o menor fundamento, la formación de médicos, contadores o psicólogos, pero es seguramente la carrera de abogacía la que recibe críticas casi unánimes. Podemos recordar no sólo documentos académicos sino también “cartas de lectores” que en distintas ocasiones lo han hecho, sugiriendo algún remedio. En oportunidades, por ejemplo, porteños impresionados por las nutridas caravanas de estudiantes que transitan el puente entre la Facultad de Derecho y Plaza Francia llamaron a imitar criterios o metodologías que aplican países adelantados. Como Alemania, que orienta y selecciona alumnos ya desde la primaria, evitando la desocupación profesional, la frustración personal y el deterioro social. O el Japón que, con idea de que los litigios frenan a las sociedades, limita el número de sus abogados a un decoroso porcentaje por millón de habitantes. Que en Argentina esta realidad preocupa en las altas esferas lo sabemos incluso por manifestación oficial. “Basta de tantos abogados, necesitamos más ingenieros”, expresó la presidenta en agosto del 2008 y en ocasión de su visita a la fábrica Ford de General Pacheco. Reconoció así, atribuyendo a nuestro “patrón cultural” la inclinación por esta carrera tradicional y el rechazo de los jóvenes argentinos a las matemáticas y las ingenierías, uno de los graves problemas que tiene el país en materia de recursos humanos. Y como para ratificarlo con un hecho de estos días, nos llega un e-mail del 1 de octubre que dice, con recomendación urgente de difundirlo: “No consiguen alumnos ni aun becándolos”. Y el texto adjunto expresa: “Amigos: si conocen escuelas medias o jóvenes que concluyen el secundario, especialmente si no cuentan con medios para seguir estudiando, en cualquier lugar del país, alértenlos sobre esta posibilidad. El Instituto, del nivel del Balseiro, está por cerrar por falta de inscriptos”. Luego explica que la noticia proviene del Instituto de Tecnología “Jorge A. Sabato” de la Unsam, posiblemente el lugar de más alto nivel del país en Ciencia de Materiales, que ofrece becas para dedicación exclusiva en carreras de Ingeniería de la especialidad y que ha alcanzado la inscripción en este año de sólo tres personas. El problema de Italia Hay muchas semejanzas –la lectura del “Corriere della Sera” nos lo confirma todos los días– entre nuestra sociedad y la italiana, consecuencia seguramente de pautas culturales que nos imprimió la inmigración. La gravitación itálica históricamente más relevante fue caracterizada, a poco del centenario, por el norteamericano Robert Foester en “The italian emigration of our times”, afirmando que “los italianos introdujeron nuevos modos de fuerza moral en la fibra de la Nación Argentina”. Hay otros rasgos menos positivos que muestran la semejanza como, por ejemplo, el individualismo, el desdén por el orden y el no-me-importa (“me ne frega”) en cuanto a civilidad urbana. Y hay uno, poco advertido pero al parecer también idiosincrásico, que es la extrema abundancia aquí y allá de profesionales y estudiantes de abogacía. En nuestro país las estadísticas revelan que tenemos alrededor de 200.000 letrados (14.000 más cada año), mientras Italia muestra una cifra similar. Claro está que la ventaja nos pertenece, si tenemos en cuenta que la población del país de Berlusconi es de unos 60 millones frente a 40 del nuestro. En Italia se ha denunciado la existencia de “un verdadero ejército de togados, el más grande de Europa”. Las cifras son llamativas: hay 230.000 abogados (frente a, por ejemplo, 48.000 en Francia) y aumentan cada año en 15.000. A mediados de septiembre, cuando se publicó que en la sola ciudad de Milán se registran 20.000 profesionales –eran 4.200 en 1990–, el escritor milanés Beppo Severgnini firmó en el diario un artículo con título “Ragazzi, un consiglio. Non fate l’avvocato” donde aconseja paternalmente a los jóvenes, él que también es abogado, no empeñarse en la vía del Derecho. El lauro en leyes, explica, “si no existe gran vocación, gran talento, gran empeño o… gran papá”, es la autopista hacia la subocupación intelectual, con un poco de esclavitud posmoderna. Si el joven consigue ingresar a un gran estudio tendrá, como tantos colegas coetáneos, que ocuparse de la fotocopiadora o de hacer café, en lugar de ejercer su profesión. El nuevo abogado, comenta, después de cinco años de facultad, 20.000 euros de gastos y dos años de práctica jurídica, tiene frente a sí dos caminos: morirse de hambre o agarrarse a todo litigio, sugerir acciones legales a cualquiera, por ejemplo, cuando todos sabemos que hay que evitar los tribunales porque así se ahorra dinero, tiempo, serenidad y horas del juez. La nota del periodista tuvo cola. Desde la asociación profesional se negó enfáticamente el argumento de que el número elevado de juicios tenga relación con el número de letrados y desde la secretaría nacional del gremio alegaron cifras de otras profesiones en Italia, como la de médicos que son 363.000, o de abogados en naciones como Estados Unidos donde serían más de 1,1 millones. A lo que el periodista respondió con tres argumentos: primero, con respecto a EE. UU., que no hay más que marcar en Google la frase “too many lawyers” (demasiados abogados) para tener millones de confirmaciones sobre el problema allá; segundo, que la correlación entre los contenciosos judiciales y el número de abogados es de puro sentido común; tercero, que lo que a él más le importa es alertar a los jóvenes (como decía el título de su nota: “Muchachos, un consejo. No estudien abogacía”) sobre la humillación de una limosna mensual de 200 euros que le ofrece un abogado que gana 200.000 al año. Algo parecido ocurre aquí. (*) Doctor en Filosofía

HÉCTOR CIAPUSCIO (*)