Unter denunció que los subsidios a privadas «violan la ley»

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La seccional local de Unter emitió un severo cuestionamiento al gobierno provincial por la última tanda de subsidios que otorgó a escuelas privadas aranceladas y se preguntó cuántas obras se podrían afrontar con ese dinero en establecimientos públicos «que hoy se encuentran en estado lamentable».

El gremio docente recordó que hace pocos meses el decreto provincial 515 favoreció con un subsidio de 389.031 pesos a una veintena de escuelas que en compensación se comprometieron a no aumentar el valor de las cuotas.

Tal como lo denunció otras veces, la Unter recordó que los subsidios a colegios pagos colisiona con el artículo 63 inciso 6 de la Constitución Provincial, según el cual el Estado sólo establecerá cooperación económica con «aquellas escuelas públicas de gestión privada, gratuitas, que cumplan una función social, no discriminatoria». La ley de Educación 2.444 establece una condición similar.

El último subsidio alcanzó mayor repercusión en esta ciudad porque la gran mayoría de las escuelas beneficiadas son barilochenses. Figuran en ese listado el Instituto Dante Alighieri, el Woodville, Jean Piaget, Primo Capraro, Siglo XXI, Nuevo Colegio Suizo, San Patricio, Tecnológico del Sur, Raíces y Alas, Colegio del Sol, Castex, Instituto Patagónico e Integral Vuriloche.

El secretario general de Unter Bariloche, Jorge Molina, explicó que la posición del gremio respecto de los subsidios «no es contra los padres ni contra los docentes, sino contra los dueños de los colegios, que no tienen ningún fin social y son simples empresas con fines de lucro».

Explicó que la ayuda estatal les sirve a los privados para sostener su oferta extracurricular en arte, informática y deportes, mientras que la escuela pública no puede garantizar siquiera la educación básica a sus alumnos.

Señaló como un contrasentido que las escuelas públicas no puedan alquilar los mejores gimnasios privados para dictar educación física en razón de que «sus propietarios rechazan cualquier acuerdo porque no cobran». Pero las escuelas aranceladas acceden sin problemas a esos recintos mientras reciben dinero del Estado.

La directora de Educación Privada del CPE, Liliana Finocchiaro, dijo que los 389 mil pesos otorgados recientemente «no fueron un subsidio sino una ayuda económica por única vez, destinada a garantizar la equiparación salarial» de los docentes del sector privado, luego del último aumento de 200 pesos.

Dijo que esa decisión no va en contra de la ley porque «hay resoluciones y fallos» que la sostienen. Argumentó también que el sector privado absorbe actualmente unos 34 mil alumnos -«el 20% de la matrícula provincial»- y alcanzó una envergadura «que el gobierno no puede desconocer».

Para Molina, en cambio, «lo que dibujan como aporte extraordinario es en realidad un subsidio prohibido desde la Constitución». Observó que «cuando una empresa privada tiene que afrontar un aumento salarial obligatorio no le pide al Estado que se haga cargo, sino que lo financia con su propia rentabilidad o bien se asegura de mejorar sus ingresos».

Recordó que mientras la provincia entrega casi 400 mil pesos a los colegios privados, la delegación Zona Andina del CPE recibe mensualmente apenas 50 mil pesos para el mantenimiento de todos los edificios escolares de su jurisdicción.

Molina consideró que «con el dinero de estos subsidios seguramente se podrían solucionar muchas cosas de la escuela pública, brindando incluso propuestas extracurriculares para que los chicos no necesiten pasarse a la escuela privada».

El gremio recordó también que el colegio San Esteban, pese a cobrar un arancel obligatorio, consiguió durante la gestión de Ana Mázzaro en el CPE la categoría de escuela «pública de gestión privada» y recibe una subvención mensual garantizada hasta enero de 2010.

Esa decisión fue apelada por la Unter mediante un recurso administrativo, que según Molina nadie resuelve «porque no encuentran los motivos para justificar tan evidente violación a la ley».

Dijo también que durante 2000 y 2001 la provincia otorgó varios subsidios a colegios como el Caprarro, Woodville, Vuriloche y San Esteban para que afronten sueldos y aportes patronales cuyas rendiciones de gastos recién fueron aprobadas por resolución en abril de este año.