UPCN propone legislar sobre la violencia laboral

VIEDMA (AV).- UPCN de Río Negro ingresó ayer a la Legislatura un proyecto de ley que tiene como finalidad establecer un marco para prevenir, controlar y erradicar la violencia en la administración pública.

La intención es castigar la imposición de ejecutar tareas denigrantes como: asignar misiones sin sentido, juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización y cambiar a los empleados de oficina o lugar habitual de trabajo con el ànimo de separarlo de sus compañeros o colaboradores más cercanos.

También se pretende cuestionar el constante bloqueo de sus iniciativas de interacción generando su aislamiento, la prohibición a los empleados que hablen con él, encargar trabajo imposible de realizar y obstaculizar o imposibilitar la ejecución de una actividad. También figura el ocultamiento de herramientas necesarias para concretar una tarea atinente a su puesto, promover el hostigamiento psicológico a manera de complot sobre un subordinado y amenazas repetidas de despido, infundadas.

La iniciativa define la figura del acoso como la acción persistente y reiterada de incomodar al trabajador o trabajadora con palabras o gestos, en razón de su sexo, edad, nacionalidad, origen étnico, color, religión, estado civil, capacidades diferentes, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas o situación familiar.

También hace referencia a los efectos que pueden causar actitudes de acoso sexual considerando que deberá castigarse «la conducta reiterada de asedio u hostigamiento de naturaleza sexual o de otros comportamientos basados en el sexo, ejercida por empleados, superior jerárquico o un tercero, que afectan la dignidad de la mujer o del hombre».

Incluye a toda conducta ofensiva y amenazante, que resulte inaceptable, indeseada e irrazonable para la víctima.

UPCN observó que los efectos del proyecto deberán extenderse a supuestas represalias por inequidad salarial, definiendo a esto como «el hecho de instaurar y practicar la disparidad salarial entre hombres y mujeres, que ejercen en el mismo establecimiento funciones equivalentes».

Propuso que los empleadores sean solidariamente responsables por las acciones de violencia laboral a que se vieran sujetos sus empleados, por parte de superiores o terceros.

Además, preserva las actitudes solidarias de los compañeros que salgan en defensa de un agente estatal. Propuso que «ninguna persona que haya denunciado ser víctima de las acciones enunciadas o haya comparecido como testigo de las partes podrá sufrir por ello perjuicio personal alguno en su empleo». La víctima podrá acudir como autoridad de aplicación a la secretaría de Trabajo, que estará obligada a fijar una audiencia con las partes.