Usos y abusos

ANÁLISIS

El artículo 75 de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual señala que “el Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios”. Desde que se aprobó la ley, son alrededor de 50 las ocasiones en que la presidenta ha hecho uso de la integración en cadena de los medios privados. En ningún caso se ha tratado de situaciones graves o excepcionales y, en la inmensa mayoría, es discutible que pueda entenderse que tiene “trascendencia institucional” la inauguración de obras de una empresa privada, la reapertura de Tecnópolis, la entrega de la netbook número dos millones, la presentación de la tarjeta para jubilados Argenta o del programa de viviendas Procrear, o la inauguración de un pabellón en la Muestra Internacional de Venecia. En el día de la Industria, la larga exposición de Cristina Fernández fue precedida por un spot publicitario de seis minutos que reúne todas las características de un anuncio de propaganda partidista, exaltando la figura de Néstor Kirchner y su presunto rol en la consolidación industrial argentina. En la mayoría de las democracias avanzadas, no existe la obligación legal de integrarse a una cadena con información oficial. Se deja a criterio de los medios, la retransmisión de aquella información que consideran que tiene relevancia institucional. En cambio, los jefes de Gobierno ofrecen asiduamente conferencias de prensa en las que los periodistas tienen la ocasión de preguntar sobre los temas institucionales relevantes.