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Vaca Muerta entre dos frentes y todavía sin presupuesto para el 2020

La crisis mundial de la industria petrolera y la pandemia mantienen casi en cero la actividad en la Cuenca Neuquina. Además el sector quedó bajo la lupa con el informe del BCRAque menciona la fuga de dólares del país. El peso del barril criollo.



El 2020 arrastra 151 días en los que, a la vista de todos, pasaron cosas que nadie tenía en la carpeta el 1 de enero. La industria petrolera, y Vaca Muerta en particular, ruedan dentro del alud económico que provoca la pandemia del coronavirus y la muestra de ello es que hoy, después de la reposición del barril criollo, apenas cuatro equipos volvieron a funcionar en la Cuenca Neuquina.

Los proyectos de inversión de las más de 40 operadoras con activos en la provincia siguen en modo espera. Todos volvieron a pedir prórroga al ministerio de Energía. Las estimaciones optimistas sugieren que pese a todo se superarían los 3.000 millones de dólares de inversión directa, una aproximación por la que nadie pone las manos en el fuego.


Sin embargo, la industria petrolera quedó en las últimas semanas en la línea de fuego con dos flancos abiertos: por un lado el ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandié, habló de “alarmantes” niveles de contaminación en Vaca Muerta y; por otro, una investigación periodística incluyó a las principales operadoras, con activos en la región, entre las primeras 100 empresas con mayor fuga de divisas al exterior.

Cabandié recibió el apoyo Greenpeace y el reproche del gobierno neuquino: “no creo que sepa lo qué es Vaca Muerta”, dijo secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara.

Más ruido generó la publicación que hizo el periodista Horacio Verbitsky, en el portal El Cohete a la Luna, donde expuso a las empresas que, según un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante los pasados cuatro años constituyeron activos en el exterior por 86.000 millones de dólares, cuando en el mismo periodo el Estado tomó millonarios créditos con organismos internacionales.

US$ 86.000
millones fueron las divisas que salieron del país según el BCRA. Casi la mitad se concentró en el último año.
US$ 3.400
millones es el monto que suman las firmas petroleras anotadas en el top 100.


En el top 100 figuran al menos 16 compañías entre operadoras, transportadoras y empresas de servicios internacionales con operaciones y activos en Vaca Muerta. Los casos más significativos del sector son Pampa Energía, Shell, YPF, Total y Wintershall. Pero también están Halliburton, Weatherford , Capex, Tecpetrol , Pluspetrol y Compañía de Hidrocarburos No Convencional, una SRL utilizada para el vínculo societario entre YPF y Chevron.

En total sumarían unos 3.400 millones de dólares. La cifra no parecería significativa si se la compara con el monto global reflejado (4%) sin embargo si se la pone en línea con los números de inversión en Neuquén podría representar un presupuesto anual.

RÍO NEGRO consultó al menos a cinco operadoras por la publicación y todas optaron por no responder sobre el tema. Sin embargo, explicaron que muchas compañías tienen contrataciones de servicios (como las torres de perforación), compra de equipos e insumos y pago de préstamos a organismos o a sus casas matrices, que se pagan en el exterior y en moneda extranjera.

US$ 903
millones asigna el informe a Pampa Energía, dedicada un 70% a la energía eléctrica. Fue la que compró los activos de Petrobras Argentina en 2016


Distinta es la situación de las empresas de servicios especiales internacionales, como las mencionadas Halliburton y Weatherford, que prestan servicios en el país pero después de cubrir costos remiten sus ganancias a sus oficinas en el exterior.

La libre disponibilidad de divisas es casi un mandamiento en la industria petrolera y, podría decirse sin originalidad, que en cualquier negocio que necesite de la inversión extranjera. Pero si se revisa el periodo bajo la lupa, donde se desreguló el mercado cambiario, los índices de inversión no acompañaron la máxima libermercadista.


Según un informe de la Provincia de Neuquén, la serie de inversiones hidrocarburíferas en la provincia de Vaca Muerta se compone de la siguiente manera: en 2012 fueron US$ 2.002 millones; US$ 3.487 millones en 2013; US$ 4.834 millones en 2014; 5.150 millones en 2015; US$ 3.266 millones en 2016; US$ 3.468 millones en 2017; US$ 4.185 millones en 2018 y; US$ 5.343 millones en el proyectado de 2019 (al momento de publicarse el informe no se habían congelado los combustibles).

Sería injusto aplicar un razonamiento lineal sobre la serie observada porque en las condiciones de inversión, sobre todo en el petróleo, influyen otras variables del mercado y, fundamentalmente, los precios que, en este caso, parecieron ser más determinantes que la libre disponibilidad de los dividendos.

También en el mismo período bajo análisis, Vaca Muerta tuvo continuidad en las políticas de incentivo e incluso una flexibilización laboral que mejoró los costos de las compañías. Los esfuerzos del Estado estuvieron puestos en los subsidios a la producción de gas para evitar la importación de ese carburante y, en menor mendida, en el petróleo que utilizó por algún tiempo el barril criollo, para luego pasar a un mercado de combustibles liberado pero que siguió regulado en los hechos.

Si la conclusión es que no existió una repatriación de la riqueza generada en el país, algo que enfrenta ideologías, y que mayormente fueron pagos de servicios, contrataciones o compromisos de deuda, podría decirse que, desagregado en cuatro años, no se trató de un monto tan abultado por lo que la actividad, podría concluirse, tampoco fue tan intensiva. Al final del círculo parece ser que lo más determinante en realidad es cuánto llega y en menor medida cuánto sale, en ambas puntas la intervención, con más o menos regulaciones, del Estado es clave. Un poco el reflejo es lo que ocurre en la actualidad donde Vaca Muerta espera por un cálculo de inversión que, otra vez, depende más de otras variables que de sí misma.

Un debate que llegó a la Legislatura neuquina

La Legislatura de Neuquén aprobó un pedido de informe para conocer el grado de cumplimiento de las empresas petroleras en Vaca Muerta. La solicitud salió del diputado Sergio Fernández Novoa, del Frente de Todos, y obedece a la puesta en marcha del barril criollo que, entre los artículos del decreto, incluye una cláusula que obliga a las operadoras a sostener los niveles de producción de 2019 con la consideración, no especificada, del impacto por la pandemia.
La resolución 1060 solicita al Ejecutivo provincial información sobre la adjudicación de las concesiones firmadas entre la provincia y las empresas adjudicatarias de las áreas de explotación hidrocarburífera y gasífera. El proyectó con la mayoría de los 32 legisladores presentes en el recinto neuquino.
En su introducción, el diputado Fernández Novoa apuntó contra la salida de dólares adjudicado al sector petrolero. Dijo que “las grandes empresas tuvieron una ganancia de 8.300 millones de dólares durante los últimos años, de los cuales el 40% se fugó al exterior”. Y fue más allá al asegurar que las grandes compañías petroleras “pueden contribuir en esta etapa al menos con la no paralización de la cadena productiva”.
El pedido fue girado al ministerio de Energía que conduce Alejandro Monteiro que en las próximas semanas deberá girar los expedientes a la Cámara.

Opinión: El barril criollo y el control de las inversiones petroleras

Por Federico Aríngoli

El famoso barril criollo fue una herramienta creada en épocas de precios internacionales bajos con la que se buscó apuntalar el desarrollo de una industria clave para el país con 150.000 empleos y que, en particular, trataba de favorecer el desarrollo de Vaca Muerta, que por entonces tenía elevados costos de desarrollo.
La medida, que fue repuesta este mes, tiene por igual detractores y admiradores. Neuquén en marzo llegó a contabilizar más de 170.000 barriles diarios. La producción más alta en la última década, representada por 70.000 mil barriles más que en 2010. Sin embargo, hoy con un impresionante achatamiento de la demanda por efecto de la pandemia solo parece garantizar mejores ingresos por regalías para las provincias productoras.
El mecanismo es sencillo: los precios en el surtidor garantizan un valor artificial para el petróleo que se comercializa en el país. Es decir que hay una transferencia de los usuarios, y en menor medida del Estado que sede recaudación impositiva, hacia las compañías petroleras. Por lo tanto sería clave que el esfuerzo compulsivo tenga algún tipo de seguimiento sobre las obligaciones asumidas.
El reciente decreto 488 establece una cláusula, un tanto sui géneris, donde pide al menos mantener los niveles de producción de 2019 pero contemplando los efectos obvios de la pandemia. La pregunta es cómo se cuantifican esos efectos.
Esto, que por algunos sectores fue interpretado como una intromisión de Nación sobre las provincias, porque permitiría revisar cumplimiento de inversiones y niveles de actividad, no es más que una herramienta de política pública para controlar. Tal como está planteada puede utilizarse o no. El tiempo dirá si el gobierno tuvo actitud en resguardar los intereses de los argentinos y el desarrollo de la industria por sobre la facturación privada y los ingresos provinciales.


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