Van por el desplazamiento de Oyarbide
Integrante del Consejo de la Magistratura pidió la apertura de un juicio político.
EL PAÍS
BUENOS AIRES (ABA).- Cómo integrante del Consejo de la Magistratura, el senador radical, Mario Cimadevilla, presentó ayer en el organismo un dictamen fundamentando la apertura de juicio político contra el juez federal, Norberto Oyarbide.
Si bien el pedido gira alrededor del lujoso anillo -que el magistrado exhibió en varias oportunidades, jactándose de ello-, la situación de Oyarbide se ha tornado insostenible mucho más allá de ese episodio . La última señal contundente fue el pronunciamiento de la Cámara Federal desplazándolo de la causa donde se investigaba lavado de dinero relacionado con la importación de efedrina y el financiamiento de la campaña electoral oficialista de 2009.
Es más, el tribunal de alzada indicó en esta reciente oportunidad que Oyarbide interfirió en un expediente que debía estar a cargo de Ariel Lijo, quien cuenta con mejor imagen en el ámbito judicial y fue quien procesó al vicepresidente; Amado Boudou.
En la víspera, Cimadevilla sostuvo en su presentación (respaldada en la denuncia de varias personas, entre ellas la diputada nacional Patricia Bullrich) que “el lucimiento del anillo por parte del juez Oyarbide ha generado escándalo y por ello, ha puesto en crisis la confianza y el respeto que la sociedad debe guardar por la judicatura, violando el reglamento para la Justicia Nacional”.
El dictamen deja constancia de que, “según testigos”, Oyarbide sostuvo que el anillo en cuestión valía 250.000 dólares, compra que el juez no podía justificar con sus ingresos.
Oyarbide es el juez que más presentaciones en su contra tiene en el Consejo de la Magistratura (84), varias de la cuales (18) están en trámite.
Cimadevilla menciona por ejemplo el apartamiento de Oyarbide del caso Fundación Madres, en que se lo cuestionó por el “deficiente procedimiento”, así como la actuación en los casos Greco o Brito.
En reiteradas oportunidades, la Alzada apartó a Oyarbide, decretó nulidades de su procedimiento, invalidez de numerosos actos procesales, ha indicado “falta de racionalidad” en los procedimientos y calificado también de “caprichosas” algunas de sus actuaciones.
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