Vecinos quieren que saquen un hogar de menores

NEUQUEN (AN) – Los vecinos del barrio Ruca Che Norte le solicitaron al gobernador, Jorge Sobisch, que ordene el inmediato traslado de un hogar de menores con causas judiciales que funciona en el lugar y relataron que son víctimas de robos y amenazas cotidianas de parte de los internos.

En un allanamiento realizado la semana pasada la policía secuestró una moto, una balanza y mercaderías que habían sido robadas días antes. El sindicato estatal ATE, por su parte, denunció que al menos dos empleados del establecimiento fueron gravemente heridos, uno de ellos con un arma blanca, y pidieron la intervención de la justicia.

Se trata de la Casa de Convivencia Terapéutica «Nueva Experiencia», que alberga a jóvenes bajo procesos judiciales y funciona en dos viviendas contiguas de la esquina de Moritán y Castelli. El hogar depende de la subsecretaría de Acción Social y, según versiones que no pudieron ser confirmadas, en este momento tiene una población de una docena de internos.

Los problemas comenzaron desde el momento en que fue habilitado el hogar, hace un año, con la entrega de las casas a los adjudicatarios.

Los robos en las casas y comercios del sector y las intimidaciones a los chicos fueron las primeras evidencias, pero la situación se agravó con el correr del tiempo y tuvo sus expresiones más graves días atrás, cuando en medio de una pelea entre ellos, los internos hirieron a un celador en el cuello con un puñal y a una cocinera le fracturaron la pelvis de una patada.

«Actúan con tanta impunidad que no les importa que los vean. Precisamente, fueron vistos cuando se llevaron la moto. Cuando la policía allanó el hogar no sólo encontró la moto, si no también la balanza y mercaderías que habían robado de una despensa», dijeron los vecinos con indignación.

En el hogar están alojados jóvenes menores de edad que han participado en hechos policiales que tuvieron amplia repercusión en los medios periodísticos. «La situación explotó ahora, porque no estamos dispuestos a seguir soportando esto de vivir amenazados y poniendo en peligro la vida de los chicos. Pero hubo hechos muy graves que no fueron denunciados antes por el temor a las represalias», comentó Luis.

Por su parte María de los Angeles, otra de las vecinas que fir-mó una nota enviada al gobernador y funcionarios de otras áreas, dijo que «no queremos que se confunda nuestra actitud como una acción de discriminación. No buscamos otra cosa que no sea la de vivir en paz. Esas casas no tie-nen la infraestructura mínima pa-ra albergar a esos chicos y pedimos, sin vueltas, que los sa- quen del barrio».

Los directivos de ATE, en tan-to, se dirigieron al juez de Menores Martín Gallardo para denunciar que un celador y otra auxiliar debieron ser hospitalizados a raíz de las lesiones que recibieron al intentar impedir una pelea entre los internos.

Un operador de turno, al intentar contener a los menores que protagonizaban una riña, recibió una puñalada en la garganta. En medio del forcejeo otra empleada recibió una patada que le provocó fractura de pelvis.

«Estoy en conocimiento de esta denuncia y mañana -por hoy- iremos al hogar a inspeccionarlo y a interiorizarnos de la situación», dijo ayer el juez Gallardo.

Las agresiones a los celadores y vecinos no serían nuevas. «Ha-ce un par de meses otra persona fue también amenazada con un arma de fuego por parte de un interno y en otra ocasión hasta los vimos con cuchillos en la mano amenazando a la gente en la vereda», dijo una fuente.

Los vecinos han venido realizando reuniones para definir cómo encarar las soluciones. El sábado pasado y en la noche del martes, medio centenar de personas evaluó los pasos a seguir. Al último de los encuentros faltó un funcionario de Acción Social que había prometido su presencia.

«No nos vamos a detener con nuestros reclamos hasta que saquen a esos jóvenes de acá. Hasta el momento las autoridades no nos han respondido, pero seguiremos adelante porque se trata de la seguridad de nuestros hijos. Como estamos no podemos seguir», dijeron los vecinos.

«No nos dieron la oportunidad de oponernos»

NEUQUEN (AN)- Música a todo volumen, ventanas abiertas de par en par, una flamante pelota de fútbol blanca en el espacio destinado para jardines y rejas altas pintadas de negro. En un extremo un pequeño cartel que identifica a la Casa de Convivencia «Nueva Esperanza», el blanco de los reclamos de los vecinos del barrio Ruca Che Norte.

Ayer por la tarde cronistas de «Río Ne-gro» trataron de hablar con los responsables del hogar, pero sólo estaba el celador, quien señaló que cualquier información debía ser suministrada por el director, en el horario de mañana. Tampoco fue posible contactar a autoridades de la subsecretaría de Acción Social, de quien depende el establecimiento.

El hogar mostraba ayer el ritmo habitual, según habían comentado los vecinos. Los internos permanecían en el interior hasta la caída del sol.

«Pero no tienen ningún tipo de control en cuanto a sus movimientos. Salen y entran a cualquier hora, los fines de semana los vemos regresar en las mañanas. Sabemos que salen a robar, a las casas y los comercios de este y barrios vecinos», dijo un vecino.

Relataron que tras el allanamiento en el que se recuperaron varias cosas que habían sido robadas en el barrio, recibieron las amenazas de los internos.

En el frente de las casas hay una reja de cerca de dos metros, «pero la puerta siempre está abierta y por otra parte, si quieren salen por el costado del terreno. Lo que no soportamos es la inseguridad de los chicos. A varios les han arrebatado las bicicletas cuando pasaban por la calle, actúan con total desparpajo, se sienten los dueños de la situación y no respetan a nadie», relataron.

«El contenido de la denuncia que llegó a mi despacho es grave, inspeccionaremos el hogar y se verá qué se hará en cada caso. Por ahora es todo cuanto puedo adelantar», dijo ayer el juez de menores Martín Gallardo.

Los vecinos comentaron que cuando les entregaron las viviendas, si bien sabían que algunas tendrían un destino institucional, no fueron informados que las transformarían en un internado de chicos con problemas judiciales. «No nos dieron oportunidad de oponernos a que lo instalaran, pero si es necesario haremos como en Centenario y exigiremos que lo saquen», dijo un vecino.