Viedma: el Ejecutivo judicializaría la Unidad de Gestión

MUNICIPALES

VIEDMA (AV))- El Ejecutivo municipal analiza recurrir a la Justicia para evitar que se ponga en funcionamiento la Unidad de Gestión de Planes de Vivienda. Ayer, el Deliberante rechazó el veto del intendente José Luis Foulkes y ratificó la norma que crea ese órgano multisectorial que tiene por objeto redactar una ordenanza que establezca los mecanismos para la selección y adjudicación de los beneficiarios de casas que construya la comuna.

Actualmente, se están edificando 362 unidades -de las cuales casi la mitad está disponible para la entrega mediante la Unidad de Gestión- y se sumarán otras 400, cuya construcción fue anunciada ayer por el senador Miguel Pichetto y Foulkes en Buenos Aires. (Ver aparte).

La sesión de ayer fue otra vez polémica. Luego de la toma de juramento al nuevo secretario administrativo, Santiago Ibarrolaza, el cuerpo comenzó a debatir en relación con la creación de la Unidad de Gestión y se reiteraron los posicionamientos esgrimidos en la sesión de junio en la que se aprobó la ordenanza que fue vetada por Foulkes. El bloque del FpV que preside Evelyn Rousiot -autora de la iniciativa- volvió a votar en favor de la Unidad y se sumaron la edil del PPR Nora Jofré y la titular del Concejo, Patricia Antonio de Pocai.

Este último voto provocó la profundización de la escisión política entre el oficialismo municipal y la presidente del Concejo. “La relación con Pocai está acabada”, dijo Laura Ramos, titular del bloque de la Concertación.

Otro punto de la sesión que generó controversia fue la designación de la terna para elevar al Poder Judicial para la selección del juez de Paz local. Los bloques del FpV y del PPR acordaron proponer a Mónica Navarro, Pablo Barrera y Nicolás Verteramo, mientras que la Concertación que impulsaba a Guillermo Jáuregui, al no contar con los votos suficientes, optó por abstenerse.

Ramos, reclamó que “el uso y costumbre” marca que cada bloque aporte un nombre y que en este caso eso no se respetó. Rousiot dijo que esa posición es una falta de respeto para los demás candidatos, porque el Concejo no debe proceder con acuerdos de toma y daca sino seleccionando a los mejores candidatos.

En cuanto a la posibilidad de recurrir a la Justicia ayer Ramos esbozó que se estaba manejando desde el oficialismo alguna estrategia para imposibilitar que la ordenanza efectivamente se ponga en vigencia.

Fuentes del Ejecutivo admitieron que se analiza fundamentar ante los jueces la inconstitucionalidad de la norma, debido a que vulneraría las facultades del intendente.