El Procurador General destacó la reforma en la ley de Salud Mental

El procurador general de la provincia, Jorge Crespo; destacó la reciente aprobación legislativa en primera vuelta de la modificación de la ley 2440 de Salud Mental.

La norma, que fue señera en cuanto a la intervención estatal en el tratamiento de los padecimientos de salud mental en toda Latinoamérica, se actualiza así modificando artículos y creando el Órgano de Revisión, que será el encargado de supervisar su implementación y funcionamiento.

“Lo que votaron los legisladores, es la posibilidad de brindarle más derechos a personas que transitan una situación de mayor vulnerabilidad, derechos que protegemos y por cuyo respeto trabajamos fuertemente desde la Defensa Pública”.

Con la creación del Órgano de Revisión, los agentes judiciales contarán con un instrumento de consulta que garantizará el cumplimiento de los estándares de debido proceso establecido por las convenciones de Derechos Humanos internacionales. Por ello, destacó Crespo, era necesario que el mismo funcione en un ámbito independiente, entendiendo que el más indicado es la Defensoría del Pueblo.

“Lo que se ha logrado aquí es sumar nuevos avances en el marco de una ley que ya ubicó hace años a nuestra provincia a la vanguardia de las políticas públicas, gracias a la labor de muchos de los mismos legisladores que hoy defendieron este proyecto, del Dr. Cohen y, hoy además, debemos destacar el consenso responsable de los tres Poderes del Estado”.

“Eso fue justamente lo que se votó – precisó-, la intersectorialidad. El trabajo desde diversas ciencias que refuerza el concepto de desmanicomialización, que no es otro que el de mirar estos padecimientos como una suma de factores que incluyen a la salud, pero que especialmente atraviesan aspectos sociales”, finalizó Crespo.

El órgano de revisión estará integrado por referentes de las carteras de Salud, Derechos Humanos, el Ministerio Público, las asociaciones de usuarios y familiares. Lo componen además profesionales y otros trabajadores de la salud y organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los Derechos Humanos. Su principal función es evaluar y supervisar las condiciones de los tratamientos, las internaciones en el ámbito público y privado, controlar derivaciones, requerir la intervención judicial, controlar el cumplimiento de la ley y velar por el cumplimiento de los derechos de las personas.