Fiscal de Investigaciones: Gatti será elegido el próximo jueves

El candidato del oficialismo en la última elección, Fabián Gatti será el próximo fiscal de Investigaciones Administrativas, según la propuesta formalizada por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura.

El próximo jueves habrá sesión y el bloque de Juntos logrará ese nombramiento, pues requiere simple mayoría entonces se necesitan -como mínimo- 24 votos y esa bancada suma 26 legisladores.

Gatti -que reemplazará a Marcelo Ponzone ya que su mandato de seis años vencerá el 2 de abril- asumirá ese órgano de control externo, con rango constitucional, y enfocado en las investigaciones y denuncias en la administración pública. Pero, el propuesto candidato conforma la actual fuerza gobernante, incluso preside el partido Redes que integra la alianza Juntos. También, el año pasado encabezó la lista de candidatos a la Diputación Nacional y, actualmente, es el representante provincial en el directorio del Banco Patagonia.

Los anteriores fiscales -aún sus activos perfiles oficiales- no expresaban tan evidentes vínculos con sus gobiernos. Ponzone llegó tras un raudo paso por una subsecretaría en Legal y Técnica de tres meses, pero Gatti fue subsecretario de la Función Pública, secretario de Gobierno, jefe de la Policía y, finalmente, primer candidato, que perdió en las Primarias y, luego, el oficialismo retiró su candidatura. Antes, fue legislador provincial.

El dirigente cipoleño bien sabe extremar sus posturas frente a los mandatos. Entre otras se recuerda su férrea defensa para disponibilidad en la administración pública, impulsada por el gobernador Carlos Soria, promulgada a fines en diciembre del 2011 y, luego, derogada en la gestión de Weretilneck. En ese inicio, Gatti era subsecretario de la Función Pública y fue vocero de esa iniciativa. Se intentará “echar a patadas a quienes entraron por la ventana”, declaraba por entonces.

El artículo 164 de la Constitución Provincial consigna para el fiscal “la promoción de las investigaciones de las conductas administrativas”. La ley 2390 -que reglamenta su funcionamiento- establece como funciones que interviene “directamente de oficio y por solicitud del Tribunal de Cuentas” en la “transgresión” de las normas que “rijan la gestión financiero-patrimonial, promoviendo las investigaciones correspondientes”. Se prevé que denuncia “ante la Justicia competente aquellos considerados como presuntos delitos, con valor de prevención sumaria y el ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los Fiscales de Primera Instancia de Turno, ante el Tribunal donde quedará radicada la denuncia”.