Habrá cierre de delegaciones de la Defensoría del Pueblo

Santagati anunció cambios y bajas de personal en las oficinas. Resaltó que esos agentes fueron “designaciones políticas”.

16 jul 2017 - 00:05

La Defensoría del Pueblo tendrá una reestructuración en sus delegaciones, comenzando con la baja de una veintena de sus empleados.

En los últimos dos años, ese órgano de control totalizó ocho delegaciones, con dos o tres agentes en cada una de ellas.

Además de la central de Viedma, la Defensoría tiene sedes en Villa Regina, Roca, Cipolletti, Bariloche, Choele Choel, Jacobacci, El Bolsón y Las Grutas.

La flamante Defensora, Adriana Santagati adelantó esa determinación, valiéndose de registros de la recepción de denuncias. “Reciben tres o cuatro por mes. Algunos promedian menos de 1, como la oficina de El Bolsón”, cuenta.

Inicialmente, Santagati resalta que ese personal “corresponde a nombramientos políticos, equiparados a los asesores legislativos, y deben dejar sus funciones con la titular que los designó”, repasando que su mayoría -salvo excepciones- fueron realizadas por su antecesora, Nadina Díaz. El reemplazo se cumplió a mediados de junio.

La nueva Defensora -que era Adjunta en el período anterior- contó que “solamente tres o cuatro agentes presentaron sus renuncias”, asegurando que “algunos serán recontratados” mientras adelantó que procederá a las bajas restantes a partir de agosto frente a la determinación del personal de continuair en sus puestos.

En diálogo con DeViedma, la Defensora remarcó la falencia de las delegaciones y ratificó que su propósito es “llegar con una rápida solución”. En muchos casos, advierte que esas oficinas “sumaron más burocracia y entorpecen las gestiones necesarias para resolver los reclamos de los vecinos”. Detalló los números de expedientes recibidos en cada oficina habilitada, entre 1 y 4 por mes.

La mayoría se ubican en inmuebles cedidos entonces el principal costo corresponde a los salarios. Afirmó que las bajas rondarán una veintena de agentes -con sueldos medios y netos de unos 18.000 pesos- mientras resaltó la reestructuración de las delegaciones, admitiendo que no todas se cerrarán. Así, enumeró la continuidad de Bariloche, como oficina Andina, y otras serían en Cipolletti, Roca, Regina y Choele.

Puntualmente, los cierres alcanzarán a Jacobacci, El Bolsón y Las Grutas. Las bajas de empleados serán generales, reservándose la Defensora y el Adjunto, César Domínguez facultades para la reformulación de la dotación.

La masa salarial actualmente representa un 96% del presupuesto y, además, Santagatti advierte que ya no existe margen frente al límite normativo fijado en relación a la partida de la Legislatura.

En sus modificaciones, la Defensora también enumeró la instalación de un 0800 para generar otra vía de denuncias.

También, Santagati resaltó la firma de un convenio con la Justicia, destinado a que los 49 juzgados de Paz puedan recepcionar denuncias destinadas al órgano de control provincial. El jueves, Santagati firmó ese entendimiento con el presidente del STJ, Ricardo Apcarián.

Esas estructuras judiciales no funcionarán como receptorías pero los vecinos podrán retirar formularios y sobres de la Defensoría, con franqueo pago, para sus quejas. Además, los trabajadores de las oficinas de Atención al Ciudadano y los Juzgados de Paz podrán recibir asistencia técnicas en las cuestiones que intervengan la Defensoría del Pueblo para su accionar concreto. También podrán derivar ciertos temas al órgano de control para “evitar la judicialización de las cuestiones que cuentan con vías administrativas para la resolución”.

ATE y la primera reacción

El personal de las Defensoría pertenece al estatuto del empleado legislativo. Aún así, la inicial reacción perteneció a ATE, argumentando su conducción que agentes de las delegaciones afectados fueron con sus reclamos.

En un comunicado, el secretario general Rodolfo Aguiar reclamó audiencias urgentes con los titulares de la Defensoría por los “masivos despidos del personal que cumplían funciones” en las delegaciones. El dirigente interpreta que Santagati y Domínguez “ya comenzaron a defender los intereses del Gobierno, perdiendo autonomía”. Reafirmó que se “trata de una persecución política gravísima” y busca consolidar una “política de ajuste y recorte de gastos”. No descarta -según su gacetilla- que esa decisión “haya sido acordada con el Poder Ejecutivo” ya que se “traducirá en la imposibilidad de realizar denuncias o presentaciones” afuera de Viedma.

ATE advierte con medidas de fuerza. El personal de la Defensoría está encuadrado por el régimen legislativo, agrupado en APEL, que conduce Alejandro Gatica.

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