Incidentes en la Legislatura: suspenden audiencia y las partes se encaminan a un acuerdo

La causa penal más complicada de ATE por sus protestas se orienta a un acuerdo de partes aunque la fiscalía resiste esa simplificación y pretende enjuiciar a su conducción, incluyendo al secretario general, Rodolfo Aguiar, quien estuvo detenido por su imputación.

Las acusaciones, alentadas por el gobierno provincial, corresponden a los hechos ocurridos afuera de la Legislatura cuando se aprobó el Plan Castello, el 24 de mayo del 2017. Pero, ya todo es distinto.

Vale su contextualización. La causa se originó por los disturbios en la movilización de ATE cuando la Legislatura sancionó aquel proyecto. La policía registró cinco heridos (comisario inspector Antonio Mandagaray, Director de Seguridad de la Policía; y los uniformados Héctor Rodriguez, José Ulloa, Olga Porter y Natalia Olivera). Entonces, el fiscal Pedro Puntel imputó a Aguiar y su segundo, Aldo Capretti por “coación agravada”, “atentado a la autoridad”, y “lesiones graves y leves”. A los otros imputados -Ariel Leguizamon y Miguel Baez- los acusó por los dos últimos. Aguiar y Capretti fueron detenidos por el juez Carlos Mussi, quien luego los procesó en junio al aceptar el delito de “coacción agravada” contra el poder público.

Trece meses después, el gobierno de Alberto Weretilneck y ATE ya no tienen esa virulenta relación. Hoy, por el contrario, están vinculados. Y eso bien se refleja en la Justicia.

El último viernes, la jueza Itzia Soly presidió la audiencia previa para el llamado a juicio aunque se suspendió por la ausencia de dos imputados (no notificados por la Oficina Judicial).

Estaban Aguiar y Capretti. El abogado de los policías heridos, Damián Torres adelantó que hay negociaciones para llegar a “soluciones alternativas”, lo cual, en la “suspensión de juicio a prueba”. El representante del gremio, Diego Sacchetti confirmó esas tratativas para lograr una “solución integral”. Recordó que el “origen” de los hechos estuvo en una movilización de ATE y la “equivocada criminilización de la protesta”, explicando que hoy se “restableció el diálogo” y “se obtiene la paz social a partir del acercamiento” con el gobierno.

Esta nueva época explica la “solución integral”, con un acuerdo con las víctimas, que consistirá en un resarcimiento económico. Pero, el fiscal Puntel no está de acuerdo con esa línea. Pidió el dictado de la rebeldía y la captura de los dos imputados ausentes, especialmente Leguizamon (se mudó y no notificó su nuevo domicilio).

Las partes -incluyendo el representante de las víctimas- se opusieron y la jueza rechazó su pedido de detención. Además, el representante público adelantó no compartir la posibilidad de un acuerdo y alertó que “hay delitos graves”, como su imputación coacción agravada, que no formaría parte de esa posibilidad.

En dos semanas, los letrados de ATE y de las víctimas comunicarían si hay acuerdo para llamar a otra audiencia, entonces se sabrá cuál será la opinión definitiva y las posibilidades de la Fiscalía en esta causa, con tan marcados contrastes.