La Justicia avanza en la causa que involucra a dirigentes de APEL

Sólo cinco de los 10 imputados en la causa que se sigue por defraudación en perjuicio de la administración pública en el gremio de los legislativos se presentaron en la audiencia de formulación de cargos. Los restantes entre los que se encuentra el secretario General, Alejandro Gatica, que intenta continuar al frente del gremio en las elecciones del miércoles próximo, no asistieron.

Esas ausencias se enmarcaron en la certificación de salud que presentó el abogado Carlos Dvorzak que los representa y que no pudo participar de la audiencia.

Ayer el fiscal Juan Pedro Puntel formuló cargos como partícipes necesarios en distintas maniobras defraudatorias contra Ricardo Angos, Gonzalo Angos, Yolanda Inostroza, Alberto Otermin y Guillermo Montero de Espinoza. Aldo Bustamante y Juan Carlos Chirinos fueron los abogados defensores. Consideró que esas acciones fueron impulsadas por el secretario General de la Asociación Personal y Empleados Legislativos, Alejandro Gatica, “quien obró violando sus deberes y los intereses pecuniarios confiados, defraudando al Estado provincial y causándole un perjuicio económico por un monto que aún no ha sido determinado”.

Para una próxima audiencia de formulación de cargos quedaron pendientes Alejandro Gatica, su esposa Alicia Beatriz Fernández, Ezequiel León, Stella Maris Sale y Zoilo Sáenz Esparza.

Detalló el fiscal que esas maniobras defraudatorias fueron realizadas entre 2010 y 2014, con el dinero correspondiente al Fondo para la Vivienda y el Turismo Social del Personal Legislativo creado por Resolución 04/2010.

En ese marco responsabilizó a estos cinco primeros imputados del delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública y falsificación de documentos privados en calidad de partícipes necesarios”.

En la audiencia de ayer Puntel sostuvo que Gonzalo Angos vendió un inmueble que Gatica compró a título personal, del cual el vendedor no acreditó titularidad. Además el mismo no era susceptible de división, las parcelas no coinciden con los planos y, entre otras irregularidades, no existe certificado ni sellado del documento.

Agregó que ese mismo empresario, en sociedad con otro de los imputados de apellido León conformó la sociedad GAL SRL, que celebró un contrato con Gatica para enajenar dos manzanas por un monto de 1.188.000 pesos. Tres años después, en 2015, otro de los imputados adquirió en 1.300.000 un inmueble situado en esas tierras. Los integrantes de la sociedad no acreditaron vínculo jurídico sobre el inmueble, ni precio en relación a los valores de mercado.

Certificó también que la misma sociedad vendió a Gatica 138 parcelas que días antes había adquirido por cinco millones y medio de pesos, a 8.781.900, monto que implicó un notorio sobreprecio en perjuicio del Estado provincial. El inmueble, a su vez había sido vendido por sus originales dueños en una suma incierta pero ostensiblemente menor.

Puntel junto a la fiscal adjunta Paula de Luque formularon cargos también contra Guillermo Montero de Espinosa, Alberto Otermin, Ricardo Angos y Yolanda Inostroza por haber vendido a Gatica un terreno de 20 hectáreas en una suma superior a los 15 millones de pesos, implicando ello un notorio sobreprecio ya que había sido adquirido en fecha contemporánea a 8.833.200, pero vendido a 590.000 por los originales propietarios. “Toda la operación fue realizada por los imputados sin acreditar vínculos jurídicos y omitiendo concurso de precios”, sostuvo Puntel.

Respecto de la documentación con la que se cuenta en la investigación la fiscalía mencionó la documentación aportada por la denunciante, la secuestrada en un allanamiento efectuado a la sede de Apel, expedientes originales de la Legislatura de Río Negro, informes de escribanías, casas de materiales, bancos y de la investigación efectuada por el Tribunal de Cuentas.

El juez de Garantías, Ignacio Gandolfi, hizo lugar a la formulación de cargos y admitió los cuatro meses que, en principio, llevará la culminación de la investigación. En ese lapso la fiscalía pretende concluir una pericia contable efectuada por un contador perteneciente a la Procuración General que determinará fehacientemente el monto del perjuicio al Estado.