La Justicia ordenó pagar la recompensa al productor que encontró los restos de Hredil

La recompensa ofrecida en el marco de la desaparición de Rodrigo Hredil de San Antonio Oeste deberá ser abonada al productor ganadero que el año pasado encontró en su campo restos óseos que resultaron pertenecer al joven buscado durante dos años. No obstante será una comisión la que determinará el monto a pagar.

Así fue resuelto en la audiencia de esta miércoles que estuvo presidida por el juez de Garantías, Ignacio Gandolfi.

El abogado Raúl Cámpora en representación del productor ganadero sostuvo que el dato aportado por esta familia fue determinante y logró el esclarecimiento definitivo del hecho. Solicitó el pago de la totalidad de la recompensa en función de lo dispuesto el 16 de noviembre del 2016.

Por su parte el fiscal Juan Pedro Puntel quien explicó los pasos seguidos en la investigación por esta desaparición durante dos años, mientras que el fiscal de Cámara, Fabricio Brogna, sostuvo que si se pudo ofrecer la recompensa se puede reclamar, detallando que hubo un primer ofrecimiento de 100.000 pesos, monto que fue luego aumentado.

“El señor halló a quien estábamos buscando. Ahora sobre ¿cuánto? se le debe pagar no debe expedirse el Ministerio Público Fiscal. Sólo si debe o no hacerse lugar al reclamo”, explicó.

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Por su parte, Marcelo Estevez en representación del ministerio de Seguridad de Río Negro sostuvo que el procedimiento a seguir se enmarca en la Ley creada en 2000 al destacar que “los hechos deben ser dolosos o que causen gran trascendencia u otras situaciones delictivas”.

Agregó que una comisión ad hoc debe reunirse y fijar el monto de la recompensa atada a hechos delictivos y que “el espíritu de la Ley es el de encontrar culpables de los hechos delictivos”.

El juez Gandolfi hizo lugar al reclamo del pago de la recompensa y ordenó que en los próximos 20 días quede conformada una comisión con representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, la fiscalía interviniente y la de Estado como garante del patrimonio estatal a los efectos de acordar acerca de la razonabilidad del monto de ese pago reclamado.