La Justicia y los órganos de control unifican criterios

Se firmó un convenio referido a procesos de compras, licitaciones, legítimo abono y aspectos administrativos en los distintos Poderes del Estado.

12 oct 2018 - 09:23

El Poder Judicial y los órganos de control firmaron un acuerdo para la formación conjunta con el objetivo de unificar criterios paras los procesos compras, licitaciones, legítimo abono y otros aspectos administrativos en los distintos poderes del Estado.

A partir del convenio se inició el curso de “Derecho Administrativo”, que congregó a mas 120 personas, la mayoría abogados de los distintos organismos públicos y también magistrados y operadores judiciales. La búsqueda de mecanismos compartidos es una de las cuestiones que se aborda en esta instancia formativa. También la aceleración de los procesos sin perder transparencia.

Entre los temas que se abordan se encuentran la jurisprudencia en Río Negro sobre legítimo abono, que se configura como uno de los temas más conflictivos para las administraciones estatales. El STJ resolvió sobre este procedimiento excepcional en fallos recientes. Además, se tratarán criterios sobre contrataciones y compras del Estado, dictámenes, responsabilidad del Estado y de los agentes públicos, la doctrina sobre empleo público y lo referido a medidas cautelares y procesos urgentes.

El acuerdo se firmó entre los máximos responsables de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial, representada por Liliana Piccinini; la Fiscalía de Estado, a cargo de Julián Fernández Eguía; la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, con Danilo Vega como firmante; el Tribunal de Cuentas, representado por su titular, Roberto Meschini; y la Defensora del Pueblo, Adriana Santagati. Además, la totalidad de los letrados que realizan control de legalidad en el sector público, a través de la Escuela del Cuerpo de Abogados de de Río Negro.

La jueza Piccinini, puso especial énfasis en los recaudos con el dinero público: “en las áreas de Administración de todos los Poderes siempre hay que tener en cuenta que cada procedimiento, especialmente cuando se trata de recursos económicos, porque es un gasto que implica un impacto en los recursos del Estado, en lo que ha aportado el contribuyente”.

Luego puso el acento en la doble responsabilidad del Poder Judicial: “la formación permanente hará que el comportamiento de la administración de uno de los poderes del Estado sea impecable, tanto más cuando se trata del Poder Judicial, quien en definitiva tiene la obligación de analizar la legitimidad y razonabilidad de los actos públicos”.

DeViedma

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