Ofensiva de la ex contratista de Playa Bonita por la escalera demorada

La cooperativa Kuyen defendió su gestión cuando estuvo al frente de la polémica obra.

Gentileza

La cooperativa Kuyen defendió su gestión cuando estuvo al frente de la obra que el Ministerio de Obras Públicas le rescindió en la construcción de una escalera de acceso a Playa Bonita. Al momento de inaugurar el proyecto habría insumido casi 1,5 millones de pesos, entre un contrato y otro.

Según el presidente de la entidad, Claudio Labbé, el talud para bajar a la playa en una verificación inicial del lugar efectuada el año pasado, se encontraba a 0,80 metros pero cuando comenzaron los trabajos “hubo demoras” al constatar que por órdenes oficiales una topadora –sin demasiadas indicaciones al maquinista- construyó un nuevo tobogán sobre el acantilado pero dejó el borde a siete metros.

Señaló que “nosotros no abandonamos la obra” sino que “resultaba difícil trabajar en ese terreno porque “construir una base se tardaba de cinco a siete días” y en consecuencia “no se podía hacer en 45 días como decía el pliego” y finalmente “siguió (dilatándose) hasta cuatro meses” en tanto que “las condiciones climáticas afectaban”.

Labbé insistió en que “el proyecto se iba cambiando, y terminamos perdiendo (el valor de) el material” adquirido a un proveedor de General Pico (La Pampa), y no lo certificaron como para cobrarlo.

Junto con el cambio de topografía de la bajada que obligó a realizar nuevamente las tareas de limpieza y reducción del talud, los operarios observaron que para asegurar la escalera se necesitaba hacer más profundos los fosos para llegar a un manto firme variando tiempos de ejecución y costos de obra.

El 13 de junio pasado, el subsecretario de Infraestructura de esa cartera, Daniel Bengoechea, remitió a la cooperativa una carta documento avisando de la rescisión ante el nulo avance de los trabajos.

Los integrantes de la entidad -sin haber obtenido respuesta- hasta el momento, la rechazaron alegando haber cumplido con las pautas del pliego , y haciendo un profuso análisis de su gestión al frente de la obra.

Por caso, sostuvieron que se vieron afectados por las condiciones de variaciones de precio, no se actualizaron los valores de la obra, y que las pautas debieron “modificarse sustancialmente” a raíz de las condiciones del sitio. En ese marco, solicitaron -en vano- un nuevo plazo de 60 días a partir del 16 de junio tomando en cuenta las modificaciones climáticas, laborales y económicas.

Labbé reconoció que “hubo un desgaste” en la relación por todos los replanteos que se hicieron, y “nosotros pecamos de ingenuos porque como somos de Viedma queríamos mostrar que hacíamos bien las cosas y nos salió el tiro por la culata, y si hacemos (más) reclamos nos cierran las puertas en todos lados, y a veces aunque pierdas dinero tener que hacer la obra igual”.

Ese casi millón y medio que terminará erogando el Estado por esa obra surge del 15% abonado sobre el presupuesto original de 451.475 pesos (67.721) más 1.392.192 que cuesta la nueva contratación directa para la conclusión; de acuerdo a la compra 33/2018 que figura en el Sistema de Gestión de Compras de la Provincia de Río Negro.


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