Río Negro define el trato penal para los jóvenes

La Comisión Interpoderes sigue revisando el marco legal de procedimiento penal Juvenil, a partir de un proyecto del Superior Tribunal de Justicia, planteando en forma “urgente” establecer la modalidad del proceso para los menores de edad. Además, se desechó un fuero específico porque la participación juvenil llega al 6% en delitos graves.

Ayer, por esa Comisión, se reunieron los legisladores Tania Lastra, Nicolas Rochas y Facundo López; la vocal del STJ, Liliana Piccinini; los camaristas de Impugnación, Adrián Zimmermann y Miguel Cardella; la Defensora General, Rita Custet; representantes del Colegio de Abogados, Cirilo Bustamante y Juan Carlos Montecino; y el secretario de Justicia, Marcelo Estéves.

En general, los integrantes coincidieron con la iniciativa, salvo ciertas readecuaciones en algunos artículos, y se acordó avanzar en “reformas o ajustes al Código Procesal Penal de Río Negro”. El proyecto presentado por el STJ fue elaborado y analizado por “más de dos años” y Piccinini resaltó que su origen fue “un primer borrador de trabajo surgido en las Jornadas Internacionales sobre Sistema Penal Juvenil y Derechos Humanos, desarrolladas en Bariloche en febrero de 2015”.

Expresó que al definir el nuevo Código Procesal Penal quedó pendiente la “modalidad para el debido proceso legal para juzgar la responsabilidad de las personas en conflicto con la ley que no hayan cumplido 18 años de edad”. Agregó Piccinini que “estamos por fuera de lo que exige un Estado Constitucional de derecho, de los estándares de la Convención y de la Ley de Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes N° 26.061, a la que adhirió esta Legislatura”. Afirmó que el “principal principio de esa ley ley es que los jóvenes deben tener -como mínimo- las mismas garantías que los adultos, con más el plus protectivo que corresponde a la franja etárea”. Pidió que “esa asignatura pendiente requiere ser subsanada con urgencia”.

También se argumentó que no se prevé la creación de un fuero específico y, en cambio, hace mención de la capacitación especializada. Fundamentó que el número de “jóvenes en conflicto con la ley penal no constituye un flujo que amerite la incorporación de más jueces y operadores del Ministerio Público”.

En igual sentido, la defensora Custet señaló que “en Viedma sólo el 1,5% de los delitos graves en 2016 fueron cometidos por adolescentes” y esa participación llega al 6% en la provincia. Resaltó que “es necesario superar tanto la visión del “paternalismo ingenuo” como aquellas posturas que proponen prisión en condiciones de igualdad con los adultos”.