Vieja demanda de los expendedores

SAN CARLOS DE BARILOCHE- Antes de que el beneficio de las naftas baratas se extendiera a todo el Corredor de los Lagos, la notoria diferencia de precios que existente entre los combustibles que se venden en El Bolsón y el resto del país estimulaba un constante tránsito de particulares que desandaban hacia el sur la ruta 258 para volver con bidones y hasta tambores cargados.

Cuando un decreto del presidente Carlos Menem produjo una rebaja del 25 por ciento en la nafta súper y la común en el área que va de Bariloche a Junín de los Andes, ese tráfico hormiga desapareció casi absolutamente.

Sin embargo, el subsidio del que goza la Patagonia austral, al sur del Paralelo 42 (con precios de surtidor a la mitad que en el resto del país) también generó un intenso tráfico ilegal entre grandes empresarios expendedores que comprarían las naftas con destino al área promocionada para venderlas en otros puntos del país.

La DGI recibió siempre severos cuestionamientos por no centrar la mira en este cuantioso negociado (lo que recién ahora parece revertirse), y Gendarmería adujo una falta de legislación clara para imponer sanciones.

Sin embargo, en noviembre del año pasado, lograron detener a un camión que había vaciado 6.000 litros de combustible subsidiado en Confluencia Traful, cuando esa nafta debió descargarse en El Bolsón. El camión era de la firma Juan Manzur Jalil (empresa que tiene bocas de expendio en Bariloche y El Bolsón) y se convirtió en el primer cargamento secuestrado en relación con este delito.

Habitualmente la DGI establece un control de «punto fijo» en la destilería de Plaza Huincul, donde salen los camiones con el producto, lo que se complementa con «inspecciones de rutina» en estaciones de servicio al norte del Paralelo 42 para verificar si no venden naftas desgravadas.

Los expendedores de Bariloche realizaron una investigación sobre el tema, ya que recibían del tráfico un perjuicio muy grande. Llegaron a la conclusión de que las estaciones de servicio de El Bolsón vendían cada mes un promedio de un millón de litros, una cifra similar a la que se expende en Bariloche, donde la población es seis veces mayor. Ese dato fue el argumento de los empresarios locales cuando plantearon al gobierno nacional la necesidad de extender el beneficio a la región de los Lagos, lo que sucedió en junio pasado.

El desvío de grandes camiones cisterna con combustible subsidiado para venderlo en zonas gravadas es un delito de gran escala. La diferencia de precio al público (que está fuera del área subsidiada) es casi del 100 por ciento (1 peso contra 55 centavos la nafta súper de El Bolsón) y un sólo camión que burle los controles puede dejar una ganancia ilegal de entre 10.000 y 12.000 pesos.

Además de los remitos detallados y los precintos presuntamente inviolables, existe un «trazador» que se le pone al combustible y le cambia el color, facilitando la identificación. Pero aún así, ya existirían «antídotos» para sortear ese recurso de control.