Viejas prácticas



Como ocurrió antes con la denominada tarjeta social, el gobierno acaba de presentar su nueva política habitacional como una solución para terminar con las viejas prácticas clientelísticas, que a lo largo de los años han tolerado que casi nadie pague su casa, con el consiguiente quebranto para el Instituto Provincial de la Vivienda.

La ley que consagró esta semana la creación de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable fue presentada como “una nueva mentalidad” para asignar los fondos públicos destinados a la vivienda propia; un mecanismo, se dijo, que permitirá un eficaz recupero de los fondos públicos que se invierten en este sector.

Con todo lo que tiene de loable el intento de poner racionalidad en el manejo de los recursos que los estados, nacional y provincial, aportan en el plano habitacional, no se puede pasar por alto el hecho de que, como ocurrió y ocurre con los subsidios de desempleo y la ayuda social en general, han sido los sucesivos gobiernos del MPN los que auspiciaron un manejo asistencial de las políticas de vivienda.

Así, ha sido una gran laxitud político-administrativa la que permitió la evasión generalizada del pago de las cuotas del IPVU por parte de los beneficiarios de los numerosos planes sociales construidos aquí y allá por el organismo provincial.

Este verdadero desmodelo también ha inspirado una poderosa maquinaria económica ligada al partido gobernante, de la que tomaron parte numerosas empresas de la construcción, en muchos casos socias privilegiadas en el excelente negocio de construir viviendas caras y frecuentemente deficientes.

Dicho en otros términos, si el IPVU llegó a recuperar sólo 30 pesos por cada 100 invertidos, fue porque el designio implícito parece haber sido no cobrar lo que se debía cobrar. Acaso como forma de man

tener indefinidamente en un puño a una porción nada desdeñable del electorado.

Esa maquinaria, que durante años fue uno de los sellos distintivos del MPN, comenzó a colapsar durante la década pasada con el creciente empobrecimiento de amplias capas de la sociedad. El fenómeno fue acompañado por la fuerte desaceleración en la construcción de planes habitacionales por parte del IPVU, lo que trajo aparejado el fenómeno de las tomas de terrenos primero y de viviendas terminadas o a punto de ser terminadas después.

Precisamente, uno de los ejes de la nueva política oficial parece ser el evitar la multiplicación de las tomas, que se constituyeron en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno.

Por desgracia, el plan que ahora se conoce apunta más que nada a satisfacer las necesidades de vivienda entre los sectores medio y medio bajo, pero deja sin salida aparente a las familias de menores recursos, que integran una porción muy considerable de la población.

Precisamente, ésta parece haber sido la mayor objeción de la oposición, objeción que sin embargo no fue escuchada para nada por el MPN y sus aliados.

Esta omisión da que pensar. O el gobierno descarta que una porción importante de la sociedad -en Neuquén la mitad de la población está por debajo del nivel de la pobreza- quedará definitivamente afuera de los planes oficiales de vivienda. O bien se vuelve a la carga con el clientelismo sólo que sin confesarlo. O sea, se descuenta que esos sectores seguirán indefinidamente atados al paternalismo oficial y, en consecuencia, prisioneros del aparato electoral del partido gobernante.

La sesión legislativa del miércoles, en la que se trató y aprobó la nueva política habitacional, sirvió también para ventilar los dos últimos escándalos en materia de seguridad que sacudieron al gobierno: las persecuciones y amenazas a los estudiantes secundarios y las torturas a los detenidos en la U 11. Sólo que esta vez la mayoría automática oficial sirvió para impedir que el ministro de Seguridad Manganaro concurra a la Cámara a dar explicaciones sobre la conducta de la fuerza a su cargo.

Sin embargo, es un secreto a voces que en el seno del gobierno se censura fuertemente la postura adoptada por Manganaro, quien en lugar de dar muestras de preocupación y voluntad de investigar los graves hechos ocurridos en la U 11 -como hizo el vicegobernador Brollo en relación con las amenazas a los estudiantes-, intentó relativizarlos embarcándose en una esgrima sin sentido con la prensa.

Es que, a pesar de los esfuerzos oficiales para que este último tema caiga en el olvido, eso parece lejos de ocurrir. En el seno de la Policía se ha producido una virtual rebelión entre los cuadros, que se niegan a hacerse cargo de la conducción de la U 11.

El jefe de la Policía, comisario Wálter Cofré, admitió que ningún alto oficial se quiere hacer cargo de esta papa caliente. Y el propio Brollo tuvo que recordar que en una fuerza vertical el cargo que nadie quiere, no se ofrece, se impone.

En realidad, esta resistencia policial presenta dos facetas. Por un lado cualquier oficial es consciente de que la U 11 puede terminar con su carrera. Por el otro, el espíritu de cuerpo resiste las sanciones a los acusados de los vejámenes a los presos.

Con el frente policial complicado, el gobierno recibió ayer otra mala noticia. La Nación confirmó que mañana llegará el veedor que visitará el centro de detención donde ocurrieron las torturas y se reunirá con familiares, organismos de derechos humanos y diputados. Sobisch tendrá en qué entretenerse cuando regrese de sus prolongadas vacaciones.

 

Héctor Mauriño vasco@rionegro.com.ar


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