Vignaroli «no tiene química» con su equipo

Pidió la remoción de casi todos los fiscales adjuntos.

NEUQUEN (AN)- Al nuevo fiscal anticorrupción, Pablo Vignaroli, le demandó menos de una semana descubrir que «no tiene química» con su equipo de colaboradores. Por eso ayer pidió el traslado de tres de los cuatro fiscales adjuntos que trabajan desde hace años en Delitos contra la Administración Pública para reemplazarlos por gente de su confianza.

La inédita barrida en masa que intenta Vignaroli desató otra pulseada interna en la justicia. Los tres fiscales adjuntos, más el cuarto que se plegó en solidaridad con ellos, permanecerán en sus puestos posiblemente hasta que los vocales del Tribunal Superior de Justicia intervengan en forma personal en el conflicto.

Los desplazamientos pueden causar daños irreparables en numerosos expedientes de presuntos casos de corrupción que los adjuntos conocen en profundidad, porque los trabajaron durante meses. Es muy probable que los reemplazantes tengan que consumir los 15 días de plazo para realizar investigaciones -cuya vigencia es motivo de otra disputa- en ponerse al tanto de las causas.

Además se inscriben en una escalada que parece tener como objetivo neutralizar a la fiscalía que más incomoda al poder

El conflicto se desató ayer a las 9 de la mañana. Vignaroli, quien asumió el marte pasado en medio de una polémica por sus deudas con el Banco Provincia de Neuquén, reunió en su oficina a los cuatro adjuntos que heredó de la gestión de Pedro Telleriarte al frente de la fiscalía anticorrupción: Miriam Pazos, Cristina Beute, Raúl Cafferra y Mauricio Zabala.

Según relataron varias fuentes judiciales consultadas por «Río Negro», no los cuestionó por su capacidad o calidad de trabajo. En cambio, les dijo que «no tenía química» con ellos, que percibía «frialdad» en el trato, y finalmente, que no les tenía confianza. Por eso, les comunicó que había decidido que los pasen a otras dependencias y que serían reemplazados por personal con el que sintiera mayor afinidad.

El traslado lo decidió para Pazos, Beute (las dos obtuvieron más votos que Vignaroli en el concurso para elegir al reemplazante de Telleriarte) y Cafferra. No solicitó el desplazamiento de Zabala, quien sin embargo se quiere ir porque tampoco se siente cómodo trabajando con el nuevo fiscal.

Para encarar esta movida, que no registra antecedentes por su masividad, Vignaroli demostró un alto grado de autonomía: no la consultó ni con los fiscales de Cámara, que ejercen las superintendencias del Ministerio Público, ni con el fiscal del Tribunal Superior, Alberto Tribug.

Los desplazamientos no se concretarán de inmediato. Tribug resolvió pedirles una opinión por escrito a los fiscales de Cámara, Alfredo Velasco Copello y Ricardo Mendaña, y luego decidirá si hace lugar al planteo de Vignaroli.

Si no logra su propósito en esta instancia, es muy probable que el nuevo fiscal anticorrupción recurra al TSJ buscando respaldo.

Vignaroli asumió el martes 21 envuelto en una polémica, porque según reveló «Río Negro», era deudor incobrable del BPN pero le refinanciaron su deuda en forma contemporánea con su elección para el cargo.

En la fiscalía que encabeza hay por lo menos media docena de causas en las que están involucrados el BPN, o su anterior presidente, Luis Manganaro, o ambos.

Cuando los diputados de la oposición intentaron pedir informes al TSJ sobre los criterios utilizados para elegir a Vignaroli, cuyo pliego no pasó por el filtro de la Legislatura, la bancada del oficialismo emepenista más sus aliados lo impidieron.

El derrumbe, en pocos meses

NEUQUEN (AN)- En pocos meses, el poderoso equipo de investigaciones montado a lo largo de años para perseguir casos de corrupción fue prácticamente desmantelado.

•Servicio de Investigaciones de la Fiscalía (SIF). Es una especie de Policía Judicial. La mitad del personal fue trasladado y reemplazado por otro sin consentimiento de los fiscales.

•Gabinete Técnico Contable. Los peritos con más experiencia fueron distribuidos en otras áreas del Poder Judicial y reemplazados por personal nuevo.

•Reglamentación. El TSJ dispuso por acordada que las investigaciones fiscales no pueden durar más de 15 días. Para los complejos casos de corrupción, ese plazo torna impracticable cualquier averiguación seria.

•Facultades especiales. El diputado ultrasobischista Gutiérrez volvió a la carga con un viejo planteo: que la delegación de facultades en los fiscales adjuntos es inconstitucional. Su argumentación está en estudio en el TSJ. En caso de prosperar, los adjuntos pasarán a ser empleados de lujo y no podrán auxiliar como ahora a los titulares, aliviándoles la carga de trabajo para hacer más eficiente la investigación.

•Traslados. Es la noticia más reciente: el nuevo fiscal anticorrupción pidió el desplazamiento de tres de los cuatro fiscales adjuntos.


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