Vinculan robo con una campaña intimidatoria 

Sonia Masip, concejala de Centenario, dijo que el robo de documentación que tenía en su auto sobre la causa de los ATN es una campaña intimidatoria. Tiene los papeles originales y entregará una copia al viceministro del Interior, Carlos Becerra, en una audiencia que tendrá lugar en los próximos días. La concejala explicó que el oficialismo pretende que por el clima de violencia contra la oposición no se hable más de la causa de los ATN.



NEUQUEN (AN).- Sonia Masip, concejala de la Alianza en Centenario, relacionó el robo de documentación de los ATN que tenía en su auto con una campaña intimidatoria de la que vendría siendo víctima con su compañera de bancada, María Maldonado.

Anteayer, poco después de las tres de la tarde, dos hombres jóvenes rompieron un vidrio de su auto y se llevaron documentación del trámite del ATN de 16.780.000 pesos, otorgado en 1996 a la comuna por el ministerio del Interior para la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales. Como conservan originales en su poder podrán reconstruir la carpeta, que será entregada al viceministro del Interior, Carlos Becerra.

Por los presuntos delitos cometidos en el trámite del ATN están sometidos a juicio penal el intendente Luis Castillo, el ex intendente Adrián Fernández, una concejala emepenista y varios ex concejales.

Masip, a quien acompañó Osvaldo Pujó, asesor del bloque, dijo que ella y Maldonado comenzaron a padecer lo que llamó “inconvenientes intimidatorios” desde la reunión preparatoria realizada por el Concejo Deliberante el 10 de diciembre pasado.

Entonces impugnaron los diplomas de Castillo y de la concejala oficialista Noemí Villagra, también involucrada en el juicio. Con tal motivo fueron agredidas verbalmente por una patota que asistía a la sesión, en la que estaban algunos empleados municipales que luego fueron designados por Castillo en su gabinete. Recibieron insultos y amenazas del tipo de “te vamos a firmar el certificado de defunción”. Masip no tiene conocimiento de que se haya iniciado alguna investigación penal para investigar la comisión del delito de amenazas, pero advirtió que hay una grabación filmada de los incidentes. Identificó entre los integrantes de la patota a los secretarios de Cultura y Deportes y de Relaciones Institucionales, de apellidos Shell e Iribarren, éste cuñado del intendente.

“En realidad, fuimos amenazadas desde antes de la sesión”, dijo Masip. Recibieron mensajes tales como “las estaremos esperando” y “no vengan solas”. Explicó que el oficialismo pretende que con el clima de violencia creado contra la oposición “no se hable más de los ATN”.

Recientemente, el ministro del Interior, Federico Storani, y el vicepresidente de la Nación, Carlos Alvarez, hablaron de la necesidad de profundizar la investigación de los ATN que distribuyó el antecesor de Storani en Interior, Carlos Corach. En el juzgado federal de Jorge Urso se abrió una causa a iniciativa del abogado Ricardo Monner Sanz. Con la ayuda del intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, y de su secretario de Cultura, Oscar Smoljan, las concejalas Masip y Maldonado lograron que Becerra las reciba en una audiencia que se concretará en los próximos días. Se proponen tratar con él algunos problemas que afectan al municipio y conversar sobre el caso del ATN. 

Un sobreprecio de once millones de pesos

Pujó estimó que la planta tuvo un sobreprecio superior a los once millones de pesos, porque -dijo- el presupuesto original del Ente Provincial de Agua y Saneamiento era de 5.200.000 pesos.

El asesor del bloque Osvaldo Pujó calculó que con ese costo “de la corrupción”, se podría haber pagado la reconversión de 58 chacras, partiendo de un presupuesto de 200.000 pesos por chacra.

Hubo, no obstante, alguien beneficiado por la obra, que fue la familia del actual intendente. Porque a la hora de elegir una fracción de terreno para la planta, el ex intendente Fernández seleccionó una perteneciente al matrimonio formado por el cuñado y la hermana de Castillo, Oscar Alberto Diez y Miriam Esther Castillo.

No hubo licitación ni concurso de precios alguno. Se hizo un contrato directo, firmado el 29 de agosto de 1996, y el precio convenido entre Fernández y el cuñado de Castillo fue de 30.000 pesos.Castillo era entonces el presidente del Deliberante.

La empresa constructora, CEA S.R.L., recibió la obra después de haber triunfado en un concurso privado al que también fueron invitadas SIC S.A. y Carlos A. Caruso y Cía S.A. Curiosamente, las tres empresas eran cordobesas, y las perdedoras no habían perdido del todo. SIC había ganado un concurso similar en Plottier, y Caruso ganó otro en Tierra del Fuego, con un ATN de 14 millones.

Lo más curioso de todo es que el socio principal de CEA, Eduardo Enrique Pascualini, había sido antes gerente de SIC.(AN)


Comentarios


Vinculan robo con una campaña intimidatoria