«Vine a ver un juicio en funcionamiento»

NEUQUÉN (AN/ACE).- El ex juez (jubilado) de la Cámara Federal de Bahía Blanca Luis Cotter vino a presenciar el juicio que se lleva a cabo en el tribunal oral porque aseguró que en pocas partes del país se realiza el juzgamiento de militares por delitos de lesa humanidad.

Comparó el debate que se lleva a cabo aquí con la causa penal en Bahía Blanca y aseguró que, pese a que la cámara de esa ciudad logró hace más de 20 años una gran cantidad de pruebas que fueron la base para ambas causas, la de Bahía está paralizada por «alquimias judiciales» que elípticamente endilgó al juzgado de Alcindo Álvarez Canale.

Cuando fue juez de cámara, Cotter recorrió esta zona para tomar declaraciones a las víctimas de la dictadura, realizó una inspección ocular en las ruinas de «La Escuelita» y, entre otras medidas, procesó y detuvo a la máxima autoridad del Comando de la VI Brigada cuando funcionó el centro clandestino, el fallecido general José Luis Sexton.

«Vengo por una necesidad personal de ver el juzgamiento por un tribunal de la Constitución a los supuestos autores de delitos incalificables», dijo.

«Soy el único juez viviente que declaró la inconstitucionalidad», recordó al hablar de las dificultades judiciales y políticas que atravesó este proceso.

Fue integrante de la única cámara federal del país que declaró la inconstitucionalidad de la Obediencia Debida durante el gobierno de Raúl Alfonsín y dictó la inconstitucionalidad del indulto durante el de Carlos Menem.

Ambos fallos fueron apelados hasta que la Corte Suprema resolvió en contrario.

Cotter analizó ahora que «han transcurrido muchos años innecesariamente desde lo procesal e investigativo. Treinta años es mucho». Reiteró que en su momento se logró «mucha prueba» en la causa que involucraba los hechos del Alto Valle, Viedma y Bahía.

Consultado por la obediencia debida invocada por las defensas de los ocho militares enjuiciados, dijo que «es un tema superado que no resiste mayor análisis; desde lo jurídico los delitos de esta índole como muerte, tortura, violación, secuestro, no son aceptados en ningún país y no hay obligación de cumplir una orden tan aberrante como ésta».

Consideró que si no hubiera operado el punto final que restringió la investigación a las pruebas obtenidas en 60 días «hubiéramos podido lograr una investigación pausada, meditada y con medios adecuados».

Recordó, por ejemplo, que cuando se investigaba en Neuquén a los imputados que fueron incluidos en ese plazo «había gente que nos sacaba fotos a nosotros y a los testigos cuando salíamos del juzgado de (el ex juez) Rodolfo Rivarola, se escondían en los autos y se iban antes de que los pudiéramos identificar… calculo que era de inteligencia».

En un repaso por las causas de delitos de lesa humanidad que no llegan a juicio, Cotter incluyó expresamente la de Bahía Blanca.

«Bahía, que siempre hizo punta en asuntos difíciles como la obediencia debida, los indultos o los juicios por la verdad, en los que desplegamos una intensa tarea y enfrentamos pedidos de juicios políticos, no tenemos juicio ni de aproximación».

Sin nombrar al cuestionado juez Álvarez Canale, que está sospechado de haber posibilitado la fuga del interrogador Julián el «Laucha» Corres, Cotter fue contundente al decir que «la única razón que se puede presumir es que hay artimañas o alquimias jurídicas que están jugando para que las cosas no avancen».

Cantata y reclamo

NEUQUÉN (AN/ACE).- La vereda del Tribunal Oral Federal se llenó de canto y denuncia de los primeros desaparecidos, en 1907, en los salitrales de Iquique, Chile.El espectáculo coral montado por artistas de la Asociación de Músicos Independientes sirvió de plataforma  de reclamo de los sobrevivientes de “La Escuelita”, familiares de desaparecidos y las víctimas de otros centros clandestinos de la dictadura militar en la región que quieren que los jueces federales den a conocer antes de la feria judicial, la sentencia del juicio realizado en Neuquén.