Violencia oficial

La sociedad neuquina asiste a una escalada del gobierno de Jorge Sobisch contra la libertad de prensa en general y contra el diario «Río Negro» en particular.

En un sistema democrático y republicano quienes ejercen responsabilidades públicas deben estar dispuestos a transparentar sus actos, someterse a los organismos de control y aceptar el ejercicio de la crítica por parte de la prensa. No parece ser el caso de Jorge Sobisch, quien ha mostrado su intolerancia hacia estos mecanismos a lo largo de casi toda su trayectoria política.

Baste recordar tres momentos: en la campaña del '91 presionó sobre Canal 7 porque un periodista del informativo había leído una encuesta que no lo dejaba bien parado; en 1994 reprendió duramente a un enviado especial de «Río Negro» a Canadá por revelar los apremios electorales que lo impulsaban a adelantar la construcción de una planta de fertilizantes con la empresa Cominco; en el último tramo de la campaña electoral del '99 sus colaboradores más cercanos atacaron a periodistas de este diario por la publicación de una encuesta realizada por una consultora que si bien lo daba ganador, a su juicio no lo favorecía lo suficiente.

Este peligroso sesgo autoritario y antidemocrático de Jorge Sobisch se ha profundizado en los últimos dos años, mientras los recursos económicos de la provincia se multiplicaban a un ritmo nunca visto por acción combinada de la devaluación y el alza exponencial del petróleo, y el gobernador alcanzaba el control absoluto de su propio partido, al tiempo que aseguraba su hegemonía en los restantes poderes del Estado y sobre el conjunto del espectro político neuquino.

En este proceso, el creciente enfrentamiento del gobernador con la prensa independiente parece haber atravesado por un punto de «no retorno»: la difusión del escándalo de la cámara oculta, que dio cuenta del presunto intento de Sobisch de sobornar a un diputado de la oposición para que lo ayudara con su voto a establecer una cabecera de puente en el máximo estamento del Poder Judicial.

A partir de allí, las fuentes de información oficial -que se habían vuelto cada vez más esquivas desde la difusión de casos de corrupción tan sonados como el de los subsidios truchos de Centenario- se cerraron casi en su totalidad para este diario por orden expresa del propio Sobisch. Finalmente el gobierno, en un intento supremo por amordazar a «Río Negro», le retiró la publicidad del Estado, sin poner en consideración que la misma se solventa con fondos que pertenecen al conjunto de la sociedad y que no pueden ser tenidos por botín de ninguna fuerza política.

Sin perjuicio de que estas acciones, violatorias de derechos consagrados en la Constitución nacional y en las convenciones internacionales, fueron debidamente denunciadas y aguardan los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, el gobierno fracasó en su propósito de doblegar el espíritu crítico de este diario.

Mientras el aparato de prensa oficial se derramaba como una mancha contaminante sobre medios y periodistas complacientes, «Río Negro» multiplicó su credibilidad entre los lectores neuquinos, urgidos de contar con información confiable frente al cúmulo de datos interesados que proporcionan las incontables propaladoras oficiales.

La descripción de estos hechos permite contextualizar los ataques a este diario lanzados en los últimos días por el ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro. No son hechos aislados, propios de la conocida intemperancia del funcionario, sino que forman parte de una política de Estado de la administración Sobisch.

Sin embargo, el ministro y el gobierno que representa han ido esta vez demasiado lejos.

En pocos días, Manganaro dedicó buena parte de su interminable intervención en la Legislatura -destinada a explicar su proyecto de demolición de la ley de Protección de la Niñez- a despotricar contra «Río Negro»; protagonizó una insólita presentación judicial para pedir que se investigue a los periodistas de este diario por haber informado sobre una causa judicial en la que se encuentra implicado por su gestión al frente del banco provincial y lanzó un ataque calumnioso al director de este diario ante las cámaras de televisión.

Estos ataques, que entre otros derechos constitucionales vulneran el del secreto de las fuentes de información, merecieron el repudio de las organizaciones que agrupan a los medios de prensa y los trabajadores del sector -como ADEPA, Periodistas y el Sindicato de Prensa-, y el comentario crítico de los principales diarios y agencias noticiosas del país -como «La Nación», «Clarín», «Página 12», Télam y DyN-.

Inclusive, el presidente del bloque de senadores del Partido Justicialista, Miguel Pichetto, adelantó que llevará el tema a la Comisión de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la cámara alta.

Pero no sólo las organizaciones políticas y empresarias y los profesionales independientes perciben como una amenaza latente los arrebatos autoritarios de Sobisch y de su álter ego, Manganaro. En el propio gobierno y en el MPN muchos observan con una mezcla de preocupación y pudor la escalada antidemocrática protagonizada por el ministro. Después de todo se trata de personas que conviven en esta sociedad y que muy probablemente querrán seguir haciendo política cuando la era Sobisch sea sólo un recuerdo.

Otro tanto ocurre con la opinión pública que observa con preocupación los arrestos totalitarios -puestos en evidencia por sí o a través de quien se ha convertido en su principal espada política- de un gobernador que para colmo de males se postula como candidato a la presidencia de la República.

Al gobierno de Jorge Sobisch y a su ministro de Seguridad les cabe además una gran responsabilidad. Es sabido que la violencia verbal suele preceder a la física. Quienes desde las más altas esferas del Estado alientan sentimientos agresivos contra medios y periodistas deberían reflexionar sobre las consecuencias de sus desaprensivos discursos.

Héctor Mauriño

vasco@rionegro.com.ar