Violencia y denuncias de fraude en Chiapas

TUXTLA GUTIERREZ, México (Reuters).- Denuncias sobre coacción del voto y amenaza de violencia enturbiaron el clima político en el sureño estado de Chiapas, a 24 horas de una tensa elección de gobernador.

Los comicios de mañana en el conflictivo estado, en cuyas selváticas montañas emergió hace seis años y medio la guerrilla zapatista, son los primeros después de las elecciones presidenciales del 2 de julio, en las que triunfó la oposición.

Los dos principales candidatos a gobernador, Sami David, del aún gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Pablo Salazar, postulado por la coalición opositora Alianza por Chiapas, se acusan mutuamente de propiciar un clima de inestabilidad.

«Hay más del lado opositor la idea de manipular la elección, de «reventarla» por no haber tenido la respuesta de la ciudadanía», dijo David. El aspirante oficialista rechazó las reiteradas acusaciones opositoras de que el PRI prepara un fraude el domingo.

En tanto, Salazar, quien hasta hace un año militaba en el PRI y a quien sondeos de opinión dan una amplia ventaja sobre David, reiteró sus denuncias de que el PRI amenaza con violencia y está orquestando un fraude, pese a que la sociedad no se lo permitirá.

Organismos civiles y de derechos humanos advirtieron que el PRI estaba recurriendo a viejas prácticas de coacción del voto, especialmente en zonas rurales, para inclinar el sufragio a su favor e impedir la probable primera victoria de un aspirante opositor al gobierno de Chiapas.

Algunas de las denuncias dijeron que el partido oficialista estaba condicionando la entrega de recursos de programas sociales para los sectores más desprotegidos a cambio del voto.

«Un animal herido es mucho más peligroso que un animal sano. El PRI sintió el golpe (en las elecciones del 2 de julio) y está viendo en Chiapas una oportunidad de sobrevivencia», dijo Rafael Landerreche, del Centro «Fray Bartolomé de las Casas» de Chiapas.

El PRI sufrió su primera derrota en una elección presidencial después de 71 años en el poder cuando en los comicios del 2 de julio resultó electo el conservador Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN).

En Chiapas, uno de los estados más pobres de México, el 56% de sus tres millones de personas, habitan en comunidades rurales con un ingreso per capita que no llega a 100 dólares.

La presencia de militares y grupos paramilitares que operan en el estado son dos de los elementos que preocupan más a los chiapanecos y a organismos civiles, que los consideran fuentes de grave tensión y violencia ante la jornada electoral del domingo.

«La intimidación constante que resulta de verse rodeados de personas armadas, sean de fuerzas regulares o irregulares, crea un clima de miedo en las comunidades» indígenas, dijo un reciente informe .

En el estado están actualmente desplazados entre 50.000 y 70.000 soldados.

Grupos paramilitares, en tanto, han protagonizado sangrientos episodios en Chiapas, como una masacre en la aldea de Acteal, donde en 1997 asesinaron a 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños. El 4 de agosto, miembros del grupo «Paz y Justicia» atacaron el municipio de Yajalón y expulsaron a 60 familias indígenas pro zapatistas.

La guerra interna en el PRI

Nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en un enfrentamiento entre facciones del partido gobernante cerca de ciudad de México. Unos 250 policías acordonaron el municipio de Chimalhuacán y desalojaron el municipio. Los disturbios empezaron cuando un grupo de priistas encabezado por la líder local Guadalupe Buendía, tomó el municipio para impedir que asumiera el nuevo alcalde, también del PRI, Jesús Tolentino.