Votaron una ordenanza en Viedma y se arrepintieron

VIEDMA- Los concejales viedmenses sancionaron una ordenanza y a la hora pidieron su revisión y vuelta a comisión. En la última sesión de este período aprobaron 18 iniciativas, entre ellas, el pase a planta permanente de casi 100 contratados.

La distracción reinante en el recinto por este último tema creó las condiciones para que se aprobara por unanimidad una norma que exceptúa del pago de tasas de inspección de seguridad e higiene a comercios relacionados con actividades turísticas.

El proyecto se basó en una ordenanza de Bariloche. La medida exime del pago de esa tasa a las actividades de gastronomía turística, restaurantes, parrillas, pizzerías y casas de comidas. También se incluyeron los prestadores de servicios de turismo aventura, trekking, cabalgatas, mountain bike, alquiler de equipos para caza y pesca deportiva, embarcaciones deportivas, actividades acuáticas y la pesca embarcado.

El expediente en cuestión fue incluido sobre tablas por el concejal del PPR, Carlos Grandón y, por el cuarto intermedio solicitado el pasado jueves fue demorado su tratamiento hasta ayer. La discusión que debía haber precedido la votación, se realizó en otro intervalo pedido expresamente para analizar la situación.

Grandón que en un principio se manifestó triunfante, reconoció que «había que modificar la norma» puesto que era muy amplia la variedad de actividades exceptuadas. «Nunca pensé que la iban a aprobar pero busqué el debate para adoptar una postura», afirmó.

Por su parte, el resto de los concejales se mostró sorprendido y la autocrítica reveló que todos habían levantado la mano distraídos y sin saber qué fue lo que votaban. Una vez advertido el error involuntario el concejal del PJ e intendente electo, Gustavo Costanzo, solicitó rever la ordenanza.

Uno de los argumentos más firmes fue que «el déficit de cobranzas del 50 por ciento de tasas aumentará con esta merma». La tasa de inspección de seguridad e higiene se calcula en base a lo tributado por Ingresos Brutos por lo que su monto puede ser variable mes a mes. Los rubros que serían excluídos son los de gastronomía.

Por otro lado se aprobó el pase a planta permanente de 77 empleados contratados por la comuna y 17 provenientes de un acuerdo que se firmó en 1989 con la UOCRA. Estos últimos serán incorporados pero no se tendrá en cuenta su antigüedad ya que no existen aportes de ningún tipo realizados por el municipio.

Si bien, en un principio no hubo acuerdo en cuanto a si se tendría en cuenta la antigüedad de los empleados para otorgar la recategorización, primó en la votación la postura mayoritaria de que ingresaran con la categoría mínima y se les ajustará de acuerdo a los años trabajados. Esta postura la propuso el gremio UPCN, en tanto SOYEM pedía que sólo se tuviera en cuenta para el pago del adicional salarial.

La ordenanza que había sido consensuada entre los gremios y los partidos políticos debía aprobarse antes de fin de año pero produjo un gran descontento entre los empleados que ya están en planta. Estos enviaron una nota al Concejo para advertir su disconformidad por sentirse perjudicados.

Un vocero de los agentes, Néstor Leyto, sostuvo que el descontento se vincula a que unos 330 empleados ingresaron por la categoría mínima.