Vuelven a enjuiciar al empresario barilochense

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- A más de cuatro años del inicio de las actuaciones, la causa por corrupción de menores que involucra al conocido empresario barilochense Juan Gilio y a la madre de la presunta víctima, volverá a debatirse desde hoy a puertas cerradas en la Cámara Segunda del Crimen, con un tribunal compuesto por los jueces Héctor Leguizamón Pondal, Alejandro Ramos Mejía y Ricardo Calcagno.

En el primer juicio Juan Gilio y S.B.M. (no se publica su identidad para no identificar a su hija) resultaron condenados a 9 y 10 años de prisión respectivamente, pero la sentencia fue recurrida por los defensores de ambos y anulada por el Superior Tribunal de Justicia.

Los sospechosos recuperaron su libertad hace más de 15 meses, en virtud de que el tiempo de proceso transcurrido vulneraba garantías constitucionales. Ahora sólo conserva validez lo realizado en la etapa de instrucción y deberán declarar los testigos.

La causa se originó el 17 de enero de 2001 con la denuncia formulada por una mujer que ejercía la prostitución, S.B.M., porque había visto a su hija de 12 años cuando subía al auto de un joven vecino. Al ser llevada a la Oficina del Menor y la Familia de la comisaría Segunda, la niña denunció que su madre la obligaba a mantener relaciones sexuales con hombres, y que las había mantenido en tres oportunidades con Juan Gilio, entre diciembre de 2000 y enero de 2001, porque les entregaba a cambio mercaderías y dinero.

El fiscal Gerardo Balog le atribuyó a la mujer haber promovido la prostitución de su hija, al permitir que Gilio la accediera carnalmente a cambio de dinero, en prácticas que habrían sido llevadas a cabo en presencia de la procesada, la que también habría mantenido relaciones sexuales a la vista de la niña.

A Gilio le imputó haber accedido a la menor luego de pagar a su madre, «con quien a su vez mantuvo relaciones sexuales en presencia de la menor».

En la sentencia de los jueces César Lanfranchi, Silvia Baquero Lazcano y Miguel Angel Lara, Gilio y S.B.M. fueron condenados a 9 y 10 años de prisión respectivamente.

Al anular el fallo y disponer que el tribunal realice otro juicio, con distinta integración, el STJ expresó que habían sido vulnerados principios elementales del debido proceso, y sentenció que «no se puede llegar a la verdad real de cualquier manera».

Los jueces del STJ consideraron causal de invalidez la ausencia de deliberación luego del debate, y entendieron que la reapertura había afectado los principios de imparcialidad y bilateralidad, e implicaban “una conculcación del debido proceso y el derecho a la defensa en juicio”. Luego, el entonces procurador general, Hugo Mántaras, presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia para solicitarle que confirme la sentencia original, pero la Corte rechazó la solicitud.

Una causa que encierra un hondo dramatismo

La principal incógnita antes del inicio del juicio radica en saber cuál será hoy la actitud de la presunta víctima, Y.M., quien luego de su denuncia debió vivir en un hogar para niños, privada de todo respaldo familiar, dado que su madre es una de las acusadas. Sobre esta circunstancia, Mántaras había expresado que «la versión de la niña abusada es de imposible reiteración sin generar un agravio potencial, y en cualquier hipótesis un profundo gravamen personal real».

En el informe realizado por el psicólogo forense Oscar Benítez, el 30 de enero de 2001, el profesional explicó que la menor pertenecía a una familia, «con seis chicos de diversos y desconocidos padres, que se desarrolla en un entorno promiscuo y depende del trabajo sexual de la madre». Agregó que «hace mucho que dejó atrás las fantasías sexuales infantiles y ha sido iniciada en la sexualidad adulta, y puede relatar episodios eróticos de relaciones entre su madre y diversos hombres», que ha podido ver o espiar en su propia casa. Después se supo que dos de las hermanitas de Y.M. habían sido concebidas por su madre como fruto de las relaciones que mantenía con Gilio desde hacía muchos años.

Ahora, con 16 años, a nadie escapa que Y.M. deberá presentarse a declarar nuevamente en la causa por «promoción de la prostitución de una menor de 13 años», que tiene por imputados a su madre y al padre de sus hermanas. (AB)