Vuelven a pedir la detención de Castillo y empieza la indagatoria

La plana mayor de los desocupados de Centenario que la Justicia investiga ahora por asociación ilícita. NEUQUEN (AN)- La Justicia comenzará a indagar hoy a los siete desocupados de Centenario detenidos el martes, acusados de integrar una asociación ilícita que cometió «un virtual saqueo de los fondos públicos» a través de presuntas maniobras fraudulentas con planes sociales.

También debe presentarse el intendente Luis Castillo, que hasta ayer seguía libre aunque los fiscales insistieron en pedir que lo metan preso. Creen que de otra manera podría hacer desaparecer pruebas vitales para la investigación.

De acuerdo con la radio LU5, el jefe municipal admitió que está citado a indagatoria pero adelantó que no concurrirá, y dijo en su defensa: «todos cometemos errores».

Una versión que circuló ayer indicaba que antes de declarar ante el juez como imputado, Castillo quiere saber qué declaró otro de los principales involucrados en la maniobra: el desocupado Héctor «Zapallito» Molina.

Según la investigación judicial la relación entre ambos es «estrecha», y numerosas escuchas telefónicas los comprometen seriamente en actividades delictivas, de acuerdo con la acusación fiscal reproducida ayer por «Río Negro».

Mientras el expediente avanza, el Ejecutivo provincial eligió el silencio a pesar de que el escándalo salpica a uno de los ministros, el de Desarrollo Social, Jorge Lara.

En una de las intervenciones telefónicas se escucha que Molina, al ser allanado por los investigadores, pidió que «el ministro (Lara) vea cómo me acomoda, a ver si me puede hacer un recibo, algo» para justificar entre otras cosas los lujos de su vivienda.

Desde San Martín de los Andes, el gobernador Jorge Sobisch eligió la vieja fórmula de «está trabajando la justicia» para eludir un pronunciamiento. Tampoco respaldó al intendente de su color político en problemas, pese a que Castillo dijo a algunos medios de prensa que «me siento acompañado por el partido».

El intendente también declaró: «el gobernador me dijo que una cosa es la justicia y otra es lo que a uno le toca hacer cuando el pueblo lo elige, y que me quede tranquilo porque él tiene suficiente experiencia por haber pasado por muchas de estas».

Ayer Sobisch no repitió en público esas palabras que según Castillo le habría dicho en privado. Por el contrario, instruyó a la fiscalía de Estado para que se presente como querellante en la causa, ya que hay fondos públicos afectados.

La situación es tan complicada que a esta altura muchos se preguntan quién subirá al palco el domingo, cuando Centenario realice los actos centrales por su aniversario.

La Legislatura se convirtió ayer en caja de resonancia política del escándalo que sacude a Centen

El comisario inspector Horacio Uguet, responsable de la comisión policial, al momento de abandonar la municipalidad de Centenario.

ario. La oposición reclamó que el ministro de Desarrollo Social, Jorge Lara, aludido en las escuchas telefónicas a la banda de los subsidios, concurra a dar explicaciones sobre el destino de los fondos sociales. Sin embargo, los diputados del oficialismo luego de ensayar un ataque a la prensa independiente lograron frustrar el requerimiento de la oposición).

En Centenario, en tanto, el oficialismo en el Concejo Deliberante frustró un intento opositor de interpelar al intendente Castillo. A cambio de eso, se resolvió elevar un pedido de informes al juez «en la medida que no entorpezca su labor», y solicitar explicaciones por escrito al jefe comunal, sin plazos ni precisiones .

Paralelamente, una comisión policial de la que formaron parte peritos permaneció por espacio de dos horas en la municipalidad de Centenario sin que se conocieran los alcances de la diligencia.

Como se informó ayer, los detenidos acusados de integrar la asociación ilícita son «Zapallito» Molina, Juan Alberto Lira, Sergio «Negro» Altamirano, Sebastián «Pingüino» Morales, Hernán «Flaco» Villarruel, Luis «Chancho» Hernández y Lorena Salazar.

Todos son desocupados aunque gozan de un nivel de vida difícil de conciliar con sus magros ingresos. Salvo Salazar, quien por su avanzado estado de gravidez tiene arresto domiciliario, el resto están alojados en la Unidad 11 del Parque Industrial.

Ayer, el juez hizo lugar al pedido de los abogados defensores que presentaron un hábeas corpus para que trasladen a Molina a otra cárcel. Según dijeron, él y sus compañeros habrían recibido amenazas de muerte y temen por sus vidas.

El grupo de los que están detenidos comenzarán a ser indagados hoy por el juez Velasco Copello. En días subsiguientes será el turno de los otros imputados que permanecen en libertad: el intendente Castillo; Alejandro Romeo (delegado de Desarrollo Social en Centenario); Roberto «Caballo» Contreras (secretario de Hacienda municipal); Graciela Pérez (secretaria privada del intendente); Hugo Chávez (comisario inspector, jefe de la comisaría); Elvira Ascolese (segunda en Acción Social del municipio) y Rubén Romero (proveedor municipal).

Ayer que supo que el comisario Chávez fue puesto en disponibilidad, y a otros dos comisarios se los trasladó a unidades del interior pese a que no están involucrados en la causa.

Las irregularidades detectadas por la justicia son de variado calibre. Su denominador común es la utilización de dinero público, en especial destinado a los más pobres, con fines privados.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, se logró determinar que «se cobran subsidios que no se entregan a los destinatarios; se utilizan fondos públicos para solventar gastos de nafta y teléfono particulares; y se crean empresas inexistentes para cobrar servicios que no se prestan o que prestan los desocupados».

Por qué el intendente sigue libre

NEUQUEN (AN)- El juez Alfredo Velasco Copello no está convencido de que Luis Castillo sea el jefe de la banda de los subsidios. Además, cree que su libertad no pone en peligro la marcha de la investigación.

Por eso el intendente de Centenario no fue detenido el martes. Los fiscales, que piensan exactamente lo contrario que el juez, insisten en que hay que meterlo preso.

Los fiscales de Delitos contra la Administración Pública pidieron la detención de Castillo hace diez días. Le advirtieron al juez que dejarlo en libertad significaba un riesgo para la investigación, porque podía destruir pruebas valiosas. No era sólo una presunción, sino que se basaban en hechos: «Castillo ha efectuado tratativas para conseguir documentación destinada a justificar uno de los ilícitos», según surge de las escuchas telefónicas.

Velasco Copello no estuvo de acuerdo, mandó meter presos a los desocupados y dejó fuera de la cárcel a Castillo y al otro funcionario cuya detención se había solicitado, el delegado del ministerio de Desarrollo Social, Alejandro Romeo.

Mientras en Centenario estallaba el escándalo y los desocupados caían presos, la fiscalía presentaba en el despacho del juez un escrito para insistir con las detenciones de los funcionarios.

«Paradójicamente -le dijeron en esa apelación- se está en presencia de delitos cometidos contra la administración pública por funcionarios y personas que actúan fuera de la estructura formal del Estado, y resulta que las personas respecto de las cuales se ordenó la detención son aquellas que no integran esa estructura, cuando sus conductas sólo pudieron llevarse a cabo con el conocimiento, consentimiento y complicidad de los funcionarios».

«Aún más: los únicos que pueden realizar maniobras tendientes a obstaculizar la investigación, en el plano de la prueba documental, son precisamente quienes ocupan cargos públicos».

Agregaron: «La detención de Héctor Molina deviene injusta si de la compara con la libertad de la que goza Castillo. Se vulnera el principio de igualdad».

El juez Velasco Copello fundamentó las detenciones de «Molina y sus secuaces» (así los llama en un escrito) en que pueden intimidar a los testigos si quedan libres. «Son peligrosos», fue otro de los términos que utilizó.

A este argumento, los fiscales respondieron: «interpretamos que (el juez) quiso expresar que, en los hechos, son Molina y sus secuaces quienes pueden ejercer actividades intimidatorias contra las personas. Eso es cierto, porque ni Castillo ni Romeo se exponen a este tipo de actividades, en lo que es una constante en este tipo de casos. Alguien siempre realiza el trabajo sucio, y nunca ese alguien es el que ocupa cargos directivos, en lo que constituye una muestra más de la división de roles que existe en la organización ilícita que se investiga».

Velasco Copello tiene plazo hasta hoy para resolver si encarcela a Castillo y Romeo. Si insistiera en dejarlos en libertad, la cuestión pasará a una Cámara de Apelaciones.

Nación: «No tiene ninguna vinculación»

NEUQUEN (AN).- El Ministerio de Trabajo de la Nación aclaró ayer que el escándalo con los subsidios en Centenario no tiene «ninguna vinculación con el plan jefes y jefas de hogar desocupados» que instrumenta esa cartera. En un comunicado, ese ministerio explicó que Centenario, con 36 mil habitantes registra «uno de los índices más altos de conflictividad de la provincia, junto con Cutral Co y Senillosa, con numerosos reclamos sociales y cortes de ruta».

Los registros nacionales estiman que existen en esa localidad 3.500 beneficiarios provinciales de distintos planes sociales, 1.377 en el programa jefes de hogar en su primera versión -mayo- y otros 1.664 de la segunda etapa, según el relevamiento de septiembre.

El texto alude a «un núcleo de piqueteros que fraguaba documentación para asignar beneficiarios a planes sociales vigentes» en la provincia, pero se trata de programas que no tienen ninguna relación con los instrumentados por los organismos nacionales. La delegación neuquina de la cartera nacional advirtió que «algunos medios de prensa» aludieron «de manera errónea» al programa jefes de hogar entre los manejados por los imputados en el escándalo de Centenario.

«Hay que dejar actuar a la Justicia»

SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM).- Jorge Sobisch no cedió un ápice en su postura de guardar silencio por respeto a la labor judicial, a pesar de la insistencia con la que fue abordado por definiciones sobre el escándalo por el manejo oscuro de planes sociales, que se investiga en Centenario.

En el caso están involucrados líderes piqueteros ligados al MPN, y se investiga la actuación del propio intendente Castillo, de un jefe policial y de funcionarios del área de Acción Social de la provincia.

Sobisch dijo que para ser «fiel con mi trayectoria en estos asuntos, cuando investiga la justicia yo no hago comentarios; ni siquiera opiné públicamente cuando yo mismo estuve en los estrados judiciales…».

Ante una pregunta genérica de este diario sobre la política de la provincia en torno de las ayudas para desocupados, Sobisch igual se llamó a silencio fundado en que «cualquier declaración que yo haga puede ser mal interpretada y va a rozar la labor de la justicia. Repito -dijo- yo no comento cuando investiga la justicia; uno es prisionero de sus conductas…»

«Por otro lado -añadió-, la justicia en la provincia es total y absolutamente independiente, de modo que hay que dejarla actuar».

En contraste con la lacónica respuesta de Sobisch, el episodio de Centenario fue comidilla de las mesas de desayuno en el hotel del ISSN, donde se aloja la comitiva que acompaña al gobernador en sus giras por el interior.

Pero a la hora de hacer declaraciones públicas, los funcionarios imitaron la actitud de su jefe máximo. El ministro de Desarrollo Social, Jorge Lara, prefirió no hacer comentarios en la mañana y, de hecho, luego no formó parte de las actividades del gobernador y su gabinete.

Fuentes de su entorno dijeron que el ministro fue a cumplir con una visita oficial a un alejado paraje, ubicado cerca de Junín de los Andes. Este diario intentó varias veces comunicarse con el ministro al hotel donde se aloja, pero al cierre de este despacho se informó que aún no había regresado. El nombre de Lara es mencionado en una de las grabaciones comprometedoras sobre el manejo de los fondos sociales.

A su turno, la subsecretaria de Justicia y Seguridad Ciudadana, Alicia Comelli, se limitó a destacar la labor independiente de la policía que colabora con la fiscalía de delitos contra la administración pública. Dijo que precisamente con ese criterio fue creada. Como el gobernador, la funcionaria dijo que «hay que dejar que actúe la justicia…».

ATE agregó una denuncia sobre manejo de vales

NEUQUEN (AN).- ATE agregó un nuevo elemento al escándalo por las irregularidades con subsidios y otras ayudas sociales, al hacer pública ayer la denuncia que realizó días atrás ante la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública sobre la distribución por parte del Ministerio de Desarrollo Social de vales al portador para la adquisición de alimentos en una cadena de supermercados local.

La denuncia fue presentada en setiembre pasado en Neuquén capital por el secretario general de la seccional Zapala de ATE, Ricardo Ginés Pérez, con el asesoramiento letrado del abogado Gerardo Nicolás García.

El texto de la presentación penal al que tuvo acceso ayer este diario da cuenta de que en Zapala se distribuyen cupones o vales de 50 pesos para la compra de comestibles, firmados por el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Lara.

ATE adjuntó a la denuncia uno de los vales, en los que se puede leer claramente la firma y el sello del ministro.

Para Ginés Pérez, el hecho de que los cupones sean extendidos al portador subraya la irregularidad de los mismos por cuanto «la persona que llega al comercio no está previamente seleccionada por criterios de razonabilidad, como podría ser su condición económica». El dirigente gremial asegura que los cupones están siendo distribuidos por punteros políticos del MPN, «con criterios puramente electorales». También, que el hecho de que los mismos sean al portador los ha terminado por convertirlos en moneda, «ya que están siendo actualmente utilizados para realizar transacciones y también se están vendiendo por menor valor».

En la reproducción del vale se advierte el membrete de Desarrollo Social, y el vale es canjeable sólo en la cadena de supermercados Topsy-Bomba.

Análisis: La estrategia del cerco

NEUQUEN.- Alrededor de Centenario, el poder político comenzó a desplegar una suerte de cerco sanitario para evitar que se extienda la epidemia.

Las señales de aislamiento son varias. Por ahora, el juez Alfredo Velasco Copello evitó clavar el bisturí en los niveles de funcionarios, la policía ya desplazó a un comisario que recibía ayuda de la comuna para construir el techo de su casa y el silencio del gobernador Jorge Sobisch se puede interpretar como ausencia de respaldo hacia un intendente caído en desgracia.

En sus telegráficas respuestas de los últimos días, el gobernador no dijo, por ejemplo, que confía en el intendente de su partido. Frente al escándalo que disparó esta investigación, sólo mencionó que el caso está en manos de la justicia.

Ayer una versión difundida por una radio indicaba que las autoridades del Banco de la Provincia de Neuquén habían desplazado a los niveles de conducción de la sucursal bancaria de Centenario. Parecía ser un dato más que apuntalaba la teoría del cerco, la que habla de que el mal está enquistado en Centenario. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario en el banco desmintieron la especie difundida por la emisora.

Tras la prolija investigación que realizó la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública surge una pregunta que va en dirección contraria, es decir que rompe el cerco: ¿El manejo discrecional de la ayuda social que une a punteros políticos y desocupados con funcionarios que administran fondos públicos es sólo un fenómeno de Centenario?

Lo ocurrido en esa ciudad bien puede tomarse como caso testigo de una forma despreciable de hacer política. (AN)