¿Y si modifican la ley 263?
El gobierno provincial adjudicó 60 hectáreas de tierras fiscales a la empresa Cinandber SRL. El decreto 2049 de este año, firmado por Jorge Sapag y refrendando por el titular del ministerio de Desarrollo Territorial, Elso Bertoya, otorgó los territorios, ubicados en la localidad de Picún Leufú, amparándose en la Ley 263 de “Tierras Fiscales”. Pero las características de la empresa beneficiaria se contradicen con la legislación mencionada. En su primer artículo, la ley 263 establece que el Poder Ejecutivo provincial debe promover el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal. Específicamente, debe actuar en favor de “los auténticos trabajadores del campo”. Como norma fundamental para su interpretación y aplicación, la legislación expone el concepto de que la tierra no debe constituir un bien de renta, sino un bien de trabajo. Tiene el objetivo de reactivar la tierra fiscal, pero protegiendo al “campesinado”. Que la tierra rural es un bien de trabajo es ratificado en numerosos artículos siguientes. El 4° establece que la unidad económica debe ser “racionalmente trabajada por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario”. Este es complementado por los artículos 7 y 14, que dicen que los adjudicatarios de la tierra deben explotarla por cuenta propia y residir en ella. Cinandber es una sociedad comercial de responsabilidad limitada, con domicilio en Paraguay 2302 de Capital Federal, y otro en Neuquén, Caviahue 131. Su objeto es la venta al por mayor de productos alimenticios y suministros para granjas. No se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio de la provincia. Una página de internet, que brinda un servicio de información de negocios, estima que su facturación anual oscila entre uno y cinco millones de pesos. Una ley en desuso Esta empresa parece no adecuarse como “auténtico trabajador del campo”, como lo establece la ley 263, sancionada durante el primer gobierno de Felipe Sapag. En 2010, este medio ya había advertido sobre otras violaciones a la norma, vinculadas a la cesión de tierras fiscales para proyectos agrícolas y vitivinícolas en Añelo y en las cercanías del lago Mari Menuco. Si el gobierno provincial proyecta entregar las tierras fiscales para su explotación comercial, primeramente, debiera modificar la ley en cuestión. De lo contrario, el Estado de derecho se transformaría en una farsa.
Jorge Gadano jorgegadano@gmail.com Carlos López carloslopez@rionegro.com.ar
El gobierno provincial adjudicó 60 hectáreas de tierras fiscales a la empresa Cinandber SRL. El decreto 2049 de este año, firmado por Jorge Sapag y refrendando por el titular del ministerio de Desarrollo Territorial, Elso Bertoya, otorgó los territorios, ubicados en la localidad de Picún Leufú, amparándose en la Ley 263 de “Tierras Fiscales”. Pero las características de la empresa beneficiaria se contradicen con la legislación mencionada. En su primer artículo, la ley 263 establece que el Poder Ejecutivo provincial debe promover el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal. Específicamente, debe actuar en favor de “los auténticos trabajadores del campo”. Como norma fundamental para su interpretación y aplicación, la legislación expone el concepto de que la tierra no debe constituir un bien de renta, sino un bien de trabajo. Tiene el objetivo de reactivar la tierra fiscal, pero protegiendo al “campesinado”. Que la tierra rural es un bien de trabajo es ratificado en numerosos artículos siguientes. El 4° establece que la unidad económica debe ser “racionalmente trabajada por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario”. Este es complementado por los artículos 7 y 14, que dicen que los adjudicatarios de la tierra deben explotarla por cuenta propia y residir en ella. Cinandber es una sociedad comercial de responsabilidad limitada, con domicilio en Paraguay 2302 de Capital Federal, y otro en Neuquén, Caviahue 131. Su objeto es la venta al por mayor de productos alimenticios y suministros para granjas. No se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio de la provincia. Una página de internet, que brinda un servicio de información de negocios, estima que su facturación anual oscila entre uno y cinco millones de pesos. Una ley en desuso Esta empresa parece no adecuarse como “auténtico trabajador del campo”, como lo establece la ley 263, sancionada durante el primer gobierno de Felipe Sapag. En 2010, este medio ya había advertido sobre otras violaciones a la norma, vinculadas a la cesión de tierras fiscales para proyectos agrícolas y vitivinícolas en Añelo y en las cercanías del lago Mari Menuco. Si el gobierno provincial proyecta entregar las tierras fiscales para su explotación comercial, primeramente, debiera modificar la ley en cuestión. De lo contrario, el Estado de derecho se transformaría en una farsa.
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