Ya son cuatro los amparos presentados contra el offshore en la costa argentina

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro y tres asociaciones ambientalistas fueron a la justicia. Buscan la anulación de la exploración o su suspensión hasta tanto se brinde información sobre los estudios de impacto ambiental.




A pesar de la cantidad de pronunciamientos de parte de funcionarios del gobierno nacional y del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) sobre la exploración offshore en el país, cuatro medidas cautelares fueron presentadas ante la justicia provincial y federal con el objetivo de anular o frenar la exploración del Mar Argentino.

Desde la Asociación de Surf Argentina, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se solicitó la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 436/2021 que autorizó la exploración. En estas presentaciones, la titular del Juzgado Federal 1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, ya aceptó en forma los amparos incluyendo uno que viene reconvertido de una presentación que ya fue rechazada por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, presentó esta semana una medida cautelar ante la justicia provincial para solicitar la suspensión y eventual anulación de todas las actividades hasta tanto se expongan claramente los estudios de impacto ambiental.

La medida había sido anticipada tras que el gobierno nacional autorizara el pasado 30 de diciembre a la empresa Equinor y sus socias YPF y Shell a realizar la exploración sísmica de tres bloques offshore ubicados a 300 y 400 kilómetros de las costas.

Montenegro consideró en su denuncia que “no se garantizó el acceso a la información ambiental necesaria, se omitió la participación pública en asuntos ambientales y la resolución es susceptible de vulnerar el derecho al ambiente sano”.

Y por eso solicitó que se suspenda la autorización de la exploración dada por el ministerio de Ambiente que conduce Juan Cabandié para la exploración de los bloques CAN 100, CAN 108 y CAN 114.

En la presentación de 75 páginas el jefe comunal de Juntos por el Cambio planteó que la información requerida deberá determinar “si se configura riesgo ambiental, los alcances del mismo, si se ponen en peligro los recursos ictícolas que sustentan gran parte de la actividad económica de la ciudad y la evaluación integral del impacto socio económico de la actividad en relación a la estructura productiva del municipio de General Pueyrredón”.

Contrariamente a la medida cautelar la autorización de los estudios de impacto ambiental se realizó tras la multitudinaria audiencia pública que se realizó en julio del año pasado en la que participaron más de 330 expositores.

En ese momento desde Equinor se presentó el estudio de impacto ambiental que está disponible además en las páginas de gobierno y que fue ampliado a pedido de la cartera ambiental antes de su aprobación.

En tanto que desde el gobierno y el IAPG se explicó que esta no es la primera vez que se hace este tipo de exploración sísmica en esa zona del mar y que actualmente hay 36 pozos offshore en producción sin registrar incidentes ambientales.


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