Yectafer: una de las causas más cerca del juicio

CIPOLLETTI (ACS).- «La investigación del caso Yectafer está agotada», dijo ayer la jueza a cargo de la causa, Alejandra Berenguer, al tiempo que se conoció que una vez que la Cámara Tercera del Crimen de Roca defina sobre algunas apelaciones, la causa podría ser debatida en juicio el año próximo.

El juzgado Nº23 a cargo de Berenguer tiene la investigación del caso que casi le costó la vida a la paciente Angela Peralta cuando fue inyectada en mayo de 2005 con una dosis de Yectafer adulterado, que debía haber sido retirado de los hospitales públicos de Río Negro tras la muerte un año antes de una mujer de Viedma.

Mientras la causa en la órbita federal continúa con procesamientos por la adulteración de la dosis del hierro inyectable y la posterior comercialización y distribución del medicamento letal, en Cipolletti la investigación sobre las responsabilidades en el caso Peralta está concluída, se informó.

Para la elevación a juicio de la causa, restan definiciones de apelación de la Cámara Tercera del Crimen de Roca y el pronunciamiento de la fiscalía, a cargo de Oscar Cid.

El 30 de noviembre Berenguer confirmó el procesamiento de la farmacéutica del hospital Cinco Saltos, Cristina Sosa, que entregó a Peralta la dosis de hierro, que casi la llevó a la muerte.

«Tráfico culposo»

A la farmacéutica se la acusó de «trafico culposo de medicamentos para la Salud». La medida fue apelada y resta que la Cámara confirme o revoque la posición de la instrucción. La figura estableció que por negligencia o imprudencia, la farmacéutica suministró la ampolla de Yectafer común cuyo uso estaba prohibido tras conocerse que se trataba de un medicamento adulterado.

La dosis del Yectafer contaminado estaba en una caja de medicación de Yectafer Complex, que no debería haber intoxicado a Peralta.

Además de la farmacéutica está procesado el enfermero Juan Manuel Cativa, que aplicó la inyección de Yectafer.

Se lo acusó de haber provocado la lesión en Peralta, tras «omitir» lo que la jueza entendió que era su deber, de tener el cuidado necesario al inyectar la medicación.

Los otros dos procesamientos son los de las obstétricas que prescribieron el hierro inyectable a Peralta, Andrea Chico y Giovana Cáceres, tratada por una anemia aguda durante su embarazo.

Berenguer aclaró que uno de los defensores solicitó que se tenga en cuenta que en mayo de este año, la legislatura rionegrina modificó la ley 3.338, que ahora reconoce a las obstétricas la incumbencia de «prescribir vacunas y fármacos de su competencia», aunque cuando sucedió el hecho, lo prohibía.

«El defensor solicitó el sobreseimiento de las profesionales por aplicación retroactiva de la ley más benigna; pero esto es algo que aún la fiscalía no consideró hasta que se defina la situación de Sosa», dijo Berenguer.