YPF: crónica de una crisis anunciada

Cuando el visionario general Enrique Mosconi fundó en 1922 la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), creada desde un principio como empresa estatal por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen, nunca imaginó las vicisitudes que sufriría su obra en pocos años gracias a las iniciativas de dos gobiernos peronistas, supuestamente de diversa ideología política. La historia del petróleo en la Argentina es centenaria. Fue durante el gobierno de Figueroa Alcorta, en 1907, que la División Minas, Geología e Hidrología del entonces Ministerio de Agricultura realizó el trascendental hallazgo del llamado oro negro en Comodoro Rivadavia, entonces Territorio Nacional del Chubut, dando origen a una paulatina y creciente actividad petrolera en el país. Y en cuanto a YPF, esta compañía acompañó al país en todo el siglo XX, con sus vaivenes y frustraciones. En 1925 se inauguró la refinería de La Plata, con la que la sociedad estatal llegó a ser una de las petroleras más importantes del mundo por su producción. Luego llegó el gobierno de Juan D. Perón y sus polémicos contratos con la Standard Oil estadounidense, que tras su derrocamiento no se cumplieron. Después vinieron dos gobiernos radicales: Frondizi, quien alentó un ambicioso programa de inversiones privadas para alcanzar el tan ansiado autoabastecimiento, e Illia, quien anuló los contratos petroleros precedentes por considerarlos lesivos para el interés público. Llegado el gobierno de Carlos Menem, el 31 de diciembre de 1990 mediante el decreto 2778, se transformó a YPF Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima. Y dos años más tarde, en octubre de 1992, cuando esta compañía era considerada la única petrolera del mundo que daba pérdidas, ocurrió la privatización concretada mediante la ley 24145, que después de una maratónica sesión la dejó en manos de bancos y fondos de inversión. Con la aprobación de esa ley también se transfirió a las provincias el dominio de los yacimientos de los hidrocarburos en cuyos territorios se encuentren. El proceso privatizador de Menem se había iniciado con la firma del decreto 1055/89, en el que se denuncia que existen yacimientos de hidrocarburos de YPF Sociedad del Estado en los cuales se registran un bajo nivel de producción como consecuencia de su inactividad prolongada o estado de semiexplotación, acotándose en sus considerandos que “tales yacimientos requieren para su reactivación y aumento de producción la aplicación de un esquema de explotación que permita la activa y directa participación de inversiones provenientes del capital público y privado”. Pero la historia no terminó allí. Adquirida legítimamente en su momento por la empresa española Repsol –que pagó por cierto unos quince mil millones de dólares a distintos accionistas públicos y privados–, nuevamente un gobierno peronista aparece en escena, esta vez para estatizarla y, curiosamente, con los mismos actores que intervinieron en su escandalosa privatización de veinte años atrás. No debe olvidarse de que Cristina Fernández de Kirchner fue autora del proyecto de ley que impulsó la privatización, y que esta vez el ex presidente Menem, devenido en senador nacional por su provincia, apoyaría en la Cámara el proyecto oficialista para su nacionalización. En esa oportunidad, el 17 de septiembre de 1992, días antes de la aprobación de la venta de YPF, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz aprobó a mano alzada el proyecto de ley impulsado por la entonces diputada provincial Cristina Kirchner, titulado “Necesidad de sanción del proyecto de ley de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales”. Esta ley provincial permitió destrabar definitivamente la iniciativa privatizadora, favor que fue muy bien recompensado por el menemismo un año más tarde, en 1993, cuando Domingo Cavallo, entonces todopoderoso ministro de Economía de la Nación, les entregó a los Kirchner más de 650 millones de dólares en concepto de “regalías mal liquidadas”, cuyo destino nunca fue debidamente aclarado. YPF es desde hace décadas la mayor empresa del país, y la que más aporta al erario público tanto nacional como provincial, ya que un porcentaje de lo facturado por el combustible comercializado se traslada a las arcas provinciales en carácter de regalías. Pero, como es de público conocimiento, la producción empezó a caer drásticamente en los últimos dos años, y así las correspondientes regalías que recibían las provincias petroleras. Éstas, para enfrentar la difícil situación que vienen arrastrando por el enorme déficit fiscal que conllevan, se organizaron recientemente en la llamada Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), con la expectativa de recibir algún dinero del Tesoro nacional. En los últimos meses la grave situación de la empresa se acrecentó. La fuerte caída en la producción motivó que un grupo de gobernadores, ministros de la Nación y dirigentes sindicales difundiera un duro documento en el que advirtieron tajantemente sobre la embestida que vendría. Y a continuación sobrevinieron las mediáticas quitas de las concesiones de áreas petroleras que pusieron en jaque a la compañía petrolera española, que en vano trató de llegar a un arreglo con las autoridades gubernamentales. Por todo lo antedicho, la crisis energética y petrolera que vive el país, tantas veces anunciada por los más prestigiosos expertos en la materia, era inevitable. En el último año la producción petrolera del país se redujo a un exiguo 29,8 millones de metros cúbicos, que contrastan con los 43 millones de metros cúbicos que se obtuvieron no muchos años antes, en el 2003, en tiempos del primer gobierno de Néstor Kirchner. La notoriamente mala gestión empresarial de la española Repsol, quizás también con tintes fraudulentos en la distribución de utilidades entre sus accionistas españoles y argentinos, no da motivo alguno para concretar una ilegal expropiación que sólo va a acentuar el aislamiento internacional del país y un enorme desprestigio de sus instituciones políticas y judiciales, avasalladas impunemente por el Poder Ejecutivo. Es por ello que consideramos que después de tantas nacionalizaciones y privatizaciones de empresas relevantes aún no hayamos podido articular una sana convivencia entre los capitales públicos y privados, en este asunto no menor, todos los ciudadanos tenemos que asumir nuestra responsabilidad si queremos habitar un país creíble para nosotros y las generaciones futuras, teniendo fe en un esperanzado porvenir. (*) Investigador y genealogista. (**) Abogado y asesor de empresas

lucio pérez calvo Y SEBASTIÁN MARÍA STEVERLYNCK (*)