“Zapallito” y Castillo, a juicio diez años después

Es por el caso de los subsidios de Centenario.

NEUQUÉN (AN).- A diez años del inicio de la investigación, la justicia fijó finalmente que el 1 de octubre comenzará el juicio oral contra el ex intendente de Centenario, Luis Castillo, el piquetero Héctor “Zapallito” Molina, y un grupo de ex funcionarios municipales, vecinos y pequeños comerciantes de esa ciudad involucrados en lo que se conoció como “el escándalo de los subsidios”.

Están previstas 15 audiencias, la última el 24 de octubre, durante las cuales declararán casi 100 testigos. Los imputados son 14, la mayoría están acusados de peculado, por apropiarse de fondos destinados a subsidios en beneficio personal (ver aparte).

Aunque ya todas las partes están notificadas del formal inicio de las audiencias, no se descarta que a último momento se suspenda el debate por planteos de algunos de los muchos defensores que intervienen.

Esta investigación, vertiginosa al principio pero que se fue aletargando hasta consumir una década sin resolución, comenzó por un corte de la ruta 7 por parte de un grupo de desocupados de Centenario que reclamaba subsidios del gobierno provincial.

A partir de un minucioso trabajo de la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública (disuelta años después) se detectó una espesa trama que involucraba a funcionarios municipales, piqueteros que figuraban como titulares de empresas fantasma, vecinos y pequeños comerciantes en el desvío de fondos públicos destinados a personas carenciadas.

Del centenar de testigos citados a juicio, muchos son personas que jamás percibieron un subsidio pese a que en los papeles figuraban como beneficiarios.

El escándalo hizo insostenible a Castillo en el cargo, quien menos de dos meses después renunció en la Casa de Gobierno rodeado por el entonces gobernador, Jorge Sobisch, y su vice Jorge Sapag.

La causa judicial avanzó con mucha más lentitud, cambió varias veces de juez y de fiscal, y a lo largo de los años se produjeron innumerables incidencias planteadas por los abogados defensores.

Uno de los ataques centrales fue contra las escuchas telefónicas, que ayudaron a desentrañar los vínculos entre los imputados. Sin embargo quedaron en pie y podrán ser utilizadas como prueba, indicaron fuentes judiciales consultadas ayer. Otros planteos fueron por la insubsistencia de la acción penal, atento el tiempo transcurrido. También fueron rechazados, pero no se descarta que haya una reedición en la primera audiencia del juicio.

Alguno de los imputados solicitó la suspensión del juicio a prueba (probation) y se le concedió, por lo que no se descarta que otros hagan lo mismo en los próximos días.


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