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Al recortar las facultades del fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, se las arregló para asegurar que muchos kirchneristas se sientan menos preocupados que antes, pero también ha alarmado a muchos otros que temen que en adelante la lucha contra la corrupción resulte ser aún más difícil que lo que ha sido hasta ahora. Aunque voceros oficiales atribuyeron la decisión de Righi a su voluntad de mejorar la relación entre Garrido y aquellos fiscales federales que lo creían demasiado impetuoso, la mayoría de los políticos opositores y los integrantes de las organizaciones no gubernamentales que se interesan en la calidad de nuestras instituciones dan por descontado que lo que realmente se ha propuesto es garantizar la impunidad de los muchos funcionarios acusados de cometer delitos. Es ésta la opinión del propio Garrido, que reaccionó ante la medida de Righi advirtiendo que “hay impunidad y ya no queda ningún órgano especializado que investigue hechos de corrupción en la Argentina”.

Así las cosas, las perspectivas frente al país son sombrías. La esperanza de que a diferencia de tantos antecesores el gobierno kirchnerista haría un esfuerzo auténtico por reducir el nivel de corrupción, el que según Transparencia Internacional está entre los más altos de América Latina y por lo tanto del mundo, se vio frustrada hace mucho tiempo al multiplicarse la cantidad de irregularidades denunciadas.

Si Garrido está en lo cierto, en los próximos meses los proclives a aprovechar personalmente su poder se sentirán menos cohibidos por la posibilidad de que, andando el tiempo, tengan que rendir cuentas ante la Justicia.

Muchas causas que tiene entre manos el fiscal involucran a miembros destacados del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner además, claro está, de su marido, que si bien no desempeña ninguna función formal actúa como un primer ministro todopoderoso. Incluyen la investigación del crecimiento sumamente rápido y del, a juicio de algunos con toda probabilidad ilícito, patrimonio multimillonario del matrimonio gobernante y pesquisas similares acerca de la evolución de los bienes del ministro de Planificación, Julio de Vido, y del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y de los negocios presuntamente no santos del secretario de Medios, Enrique Albistur, y otros funcionarios de distintas reparticiones. Conforme a Garrido, aún podrá iniciar denuncias y de todos modos va a terminar “los 300 expedientes que tenemos iniciados”, pero mal que le pese le resultará mucho más arduo llevar a término sus investigaciones aunque, eso sí, es de suponer que de difundirse la convicción de que el kirchnerismo tiene los días contados habrá muchos jueces que optarán por figurar en la nómina de los líderes más activos de la lucha contra la corrupción.

De todos modos, aunque la interpretación restrictiva de la Ley Orgánica del Ministerio Público que fue elegida por Righi no puede sino complacer a los funcionarios que tienen motivos para preferir que los controles sean todavía más laxos que lo que han sido, no contribuirá en absoluto a mejorar la imagen del kirchnerismo. Desde el punto de vista de todos salvo los irremediablemente comprometidos, toda medida destinada a poner obstáculos en el camino de los resueltos a investigar las denuncias de corrupción constituye evidencia de que muchos miembros del gobierno creen estar por encima de la ley y por lo tanto con derecho a aumentar sus propios patrimonios a expensas del resto de la ciudadanía. Que muchos piensen así no puede sorprender a nadie. Casos como los protagonizados por la ex ministra de Economía, Felisa Miceli; por el venezolano Guido Antonini Wilson y por el ex presidente Néstor Kirchner, cuyos negocios inmobiliarios están prosperando de manera increíble, además del destino aún oscuro de los famosos fondos de Santa Cruz, para nombrar sólo los que han tenido la mayor repercusión pública, han sido más que suficientes como para convencer a muchos de que el gobierno kirchnerista es por lo menos tan corrupto como se suponía que era el menemista. La única forma de probar que no lo es consistiría en otorgar más facultades a los investigadores, alternativa ésta que el procurador Righi acaba de rechazar.


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