Discutido subsidio del gobierno para el Colegio de Abogados

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Viedma

El gobierno provincial otorgó un subsidio de un millón de pesos al Colegio de Abogados de Viedma para la financiar parte de la compra de un inmueble. Esa cesión originó reacciones contra esa entidad, considerando que ese aporte gubernamental no es compatible con la pretendida actitud de independencia que requieren los letrados de esa institución, los cuales, son miembros de los consejos de la Magistratura.

Publicado en el Boletín Oficial del pasado jueves, el decreto Nº 989 -que se formalizó el 2 de julio- otorga un “aporte no reintegrable” por un millón de pesos, que “serán abonados en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas” de 250 mil pesos a favor del Colegio de Abogados de Viedma (Personería Jurídica otorgada mediante Decreto Nº 1427/60). Ese monto -agrega la nota- estará “destinado a financiar parte de la compra del inmueble sito en calle 25 de Mayo Nº 651” de la capital provincial.

El Colegio de Abogado tiene su sede propia en calle Belgrano y, además, mantuvo un debate con el municipio ya que la entidad pretendía una edificación alta en otro zona céntrica, pero no era posible con las normativas actuales. Ahora, la pretensión -según el decreto- está orientada en la calle 25 de mayo donde se construye un edificio de varios pisos.

Hasta ayer, “Rio Negro” no pudo contactarse con el presidente del Colegio, Guillermo Ceballos -que también es miembro del Consejo mayor- para hablar en relación al subsidio y las criticas planteadas.

Entre las reacciones, la legisladora Ana Piccinini lider con sus cuestionamientos en Facebook. Calificó el hecho de una “impudicia” y “vergonzante”, planteando que los abogados “son jueces de jueces” por su participación en el Consejo de la Magistratura, entonces no pueden recibir dinero o beneficios de ninguno de los otros tres Poderes del Estado.

Consideró que el subsidio es “vergonzante no solo para el fuero integrado por todos los magistrados y funcionarios judiciales sino también para el foro” de las organizaciones de abogados”. Reafirma que los abogados -como miembro del Consejo – “son jueces de jueces, juran al asumir como tales”. Los comprende -agrega- “todas las obligaciones, impedimentos e incompatibilidades” de los jueces.

Se pregunta a “qué distancia estamos de que el Poder Ejecutivo le regale un auto a cada uno de los jueces del STJ, incluso de “donarle gratuitamente un hotel”. Esa referencia corresponde a la transferencia de un inmueble en Bariloche.

Continúa con las especulaciones, planteando la posibilidad de que “se nos habilite a llevar obsequios al Consejo de la Magistratura por la sola bondad que nos profesan sus miembros sin que nadie imagine que estamos expectantes ante un juzgamiento (esposo, esposa, hijo) o de alguna designación en el mismo sentido parental”.

Concluye que “los abogados deciden quienes son los jueces, quienes integran el STJ, quien es el Procurador General, y juzgan su comportamiento. No pueden recibir dinero o beneficios de ninguno de los tres Poderes”. Considera que el que “da y el que recibe estarían incurriendo en la violación de la Ley”.

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